El secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, afirmó hoy que los principales dirigentes de la central obrera mantuvieron en los últimos días reuniones con gobernadores y senadores para que convencerlos de que rechacen en el Congreso nacional la llamada ley "Bases" y reiteró la posibilidad de llevar a cabo nuevas medidas de fuerza en contra del Gobierno si se "va incrementando la conflictividad social".

"Estamos abocados en ir a hablar con gobernadores, senadores y diputados, con los pocos a los que les queda dignidad, para rechazar" la Ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", que tiene media sanción en general de la Cámara baja.

En declaraciones a radio Splendid, Moyano indicó que la CGT se opone "fundamentalmente a las privatizaciones" de las empresas públicas y a la "fórmula jubilatoria" por la cual se aumentarían los haberes previsionales en el caso de ser votada favorablemente.

"Vamos a seguir insistiendo para que el Senado, una vez que la ley llegue desde Diputados, la rechace", expresó el dirigente del gremio Camioneros.

Moyano, en tanto, comentó que la conducción de la CGT se reunió este lunes y no descartó llevar adelante una nueva medida de fuerza, que podría ser "un paro nacional o movilizaciones" como la realizada el 24 de enero pasado frente al Congreso.

El cotitular de la CGT mencionó que la central obrera podría tomar una decisión en tal sentido una vez que finalice el tratamiento de la ley "Bases" en el Congreso. "Esperaremos a ver cómo termina", dijo.

Por otra parte, Moyano alertó que "la conflictividad social se va incrementando" en el país porque "no hay" de parte del Gobierno "una política económica ni social para contener a aquellos millones de argentinos que no llegan a fin de mes".

"Este gobierno -consideró Moyano- está encerrado en su plan económico que, a la larga, va a estallar. Cuando el laburante no tenga (dinero) para solventar a su familia y en los barrios populares no haya alimentos, la gente va a salir a la calle", alertó.

Por último, el sindicalista rechazó la decisión tomada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de hacerle pagar a las organizaciones gremiales y sociales que se movilizaron días atrás frente al Congreso los gastos del operativo policial, que según publicó en su cuenta personal de la red social X, asciende a 134.486.038 pesos.

La medida tomada por Bullrich, evaluó Moyano, "es parte de un show" por el cual procura "demostrar autoridad", y sostuvo: "Son provocadores profesionales. Viven en un mundo de fantasía que, lamentablemente, lo está sufriendo la gente".

La diputada nacional Lourdes Arrieta (LLA-Mendoza) se mostró hoy a favor de "transparentar" la obra pública y de darle facultades al Ejecutivo para que pueda "tomar deuda ante situaciones de crisis", dos aspectos incluidos en el proyecto de ley "Bases" que comenzará a ser debatido hoy en particular en la Cámara baja.

"No nos vamos a quedar sin nafta" respondió la legisladora oficialista esta mañana en El Destape Radio, al ser consultada sobre la liberalización de los precios de los combustibles fósiles y desestimó que una medida de ese tipo pueda provocar desabstecimiento.

"Si hay un público que compra nafta en Argentina y la vende afuera se deben cuidar los dos mercados", sostuvo la legisladora en referencia a ese capítulo de la iiciativa que impulsa el Ejecutivo y se discute en el Congreso.

Por otra parte, consultada sobre la obra pública, la diputada consideró que "se debe aumentar la transparencia" y que el "Estado tiene que garantizar que los proyectos se terminen".

"El dinero de la obra pública se ha mal administrado. Vivo en Las Heras, en Mendoza, por donde pasa la ruta 40 y todavía está sin terminarse. Desde hace más de un año que todo está parado", ejemplificó la legisladora.

Por otra parte, Arrieta fue consultada también sobre otro artículo del proyecto que permite que el Ejecutivo pueda endeudarse sin pedirle autorización al Congreso, al observar que se trata de una medida que "puede contribuir a ordenar la economía del país".

"Es como en una casa. Si no se llega a fin de mes, se tiene que salir a buscar dinero en otro lado y luego administrar bien. No se puede seguir despilfarrando. Ese es el ajuste, no estamos para derrochar el dinero. Necesitamos aliviar la mayor carga del bolsillo de los argentinos, y por eso necesitamos endeudarnos otra vez", puntualizó Arrieta.

El gigante estadounidense Meta anunció hoy que "en los próximos meses" identificará cualquier imagen generada por inteligencia artificial (IA) que aparezca en sus redes sociales Facebook, Instagram y Threads.

"En los próximos meses etiquetaremos las imágenes que los usuarios publiquen en Facebook, Instagram y Threads, siempre y cuando podamos detectar los indicadores, conformes a las normas de la industria, que revelan que son generadas por IA", anunció Nick Clegg, el responsable de asuntos internacionales de Meta, en un blog.

La compañía ya identifica las imágenes generadas con la ayuda de su propia herramienta, Meta IA, que fue lanzada en diciembre, consignó la agencia de noticias AFP.

El representante de Meta indicó que la compañía quiere "hacer lo mismo con contenidos creados con herramientas de otras empresas" como Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney o Shutterstock.

"Estamos construyendo esta herramienta en estos momentos, y en los próximos meses comenzaremos a aplicar etiquetas en todos los idiomas compatibles con cada aplicación", subrayó.

El auge de la IA generativa suscita temores de que las personas utilicen estas herramientas para sembrar el caos político, especialmente a través de la desinformación y casi la mitad de la población mundial celebrará elecciones este año.

Además del riesgo político, el desarrollo de programas de IA generativa podría producir un flujo incontrolable de contenidos degradantes, según numerosos activistas y reguladores, como las imágenes falsas ("deepfakes") pornográficas de mujeres famosas, un fenómeno que también afecta a muchas personas anónimas.

Por ejemplo, una imagen falsa de la estrella estadounidense Taylor Swift fue vista 47 millones de veces en la red social X a finales de enero antes de ser eliminada. Según la prensa estadounidense, la publicación permaneció en línea en la plataforma durante aproximadamente 17 horas.

Si bien Nick Clegg admite que este etiquetado a gran escala, a través de marcadores invisibles, "no eliminará" totalmente el riesgo de producción de imágenes falsas, "ciertamente minimizará" su proliferación "dentro de los límites de lo que la tecnología permite actualmente".

"No es perfecto, la tecnología aún no está completamente desarrollada, pero de todas las plataformas es el intento más avanzado hasta ahora para proporcionar transparencia de forma significativa a miles de millones de personas en todo el mundo", dijo Clegg a AFP.

"Espero sinceramente que al hacer esto y liderar el camino, alentemos al resto de la industria a trabajar juntos y tratar de desarrollar los estándares técnicos comunes que necesitamos", agregó el líder de Meta, que está dispuesto a "compartir" su tecnología abierta "tan ampliamente como sea posible".

La empresa californiana OpenAI, creadora de ChatGPT, también anunció a mediados de enero el lanzamiento de herramientas para combatir la desinformación, y afirmó su voluntad de no permitir el uso de sus herramientas tecnológicas con fines políticos.

"Queremos asegurarnos de que nuestra tecnología no se utilice de manera que perjudique" al proceso democrático, explicó OpenAI, que señaló que su generador de imágenes DALL-E 3 contiene "salvaguardas" para evitar que los usuarios generen imágenes de personas reales, especialmente candidatos.

El Gobierno nacional oficializó hoy la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por el plazo de un año, período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete.

Así se establece en el decreto 117/2024 que fue publicado en el Boletín Oficial.

Así, el abogado Diego Martín Chaher fue designado interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.

Asimismo, la norma consigna el nombramiento de Sebastián Marías como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.

En el ejercicio de sus cargos, "el interventor y el interventor adjunto tendrán, en forma conjunta, las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente", según se sostiene en el articulado de la norma.

Los interventores deberán "elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo".

Además deberán "evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y aprobar uno nuevo", así como propiciar cambios "en el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias o aprobar uno nuevo".

Además, podrán modificar "el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y cambiar "la denominación de los organismos, previa conformidad del Ejecutivo.

Las nuevas autoridades de los medios públicos también estarán en condiciones de "modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva", según se establece en el articulado de la norma.

Además podrán "revisar la administración de compras y contrataciones" y "disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos".

Deberán "presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas y designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas".

El decreto determina que tanto el interventor como el interventor adjunto puedan "vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios".

En caso de detectarse alguna anomalía, "deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar".

En el articulado se fija que "el interventor tendrá en forma exclusiva facultades de representación de las sociedades", y que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto".

Asimismo, se faculta a la Jefatura de Gabinete o al organismo que esta dependencia de Gobierno determine "a dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la implementación del presente".

En los fundamentos de esta normativa, se recuerda que esta decisión está en línea con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 el diciembre de 2025.

La citada norma "tuvo en consideración que, a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas".

Y que mediante ese DNU se derogó la ley 20.705 y "se dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades", se subraya en los fundamentos.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos.