El resultado fue contundente: más de 500 dispositivos electrónicos fueron secuestrados, incluyendo 156 teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, y una suma de aproximadamente 400 mil pesos.

La fiscal Daniela Torres, a cargo de la investigación, destacó que ahora se inicia una fase crucial del proceso, que consiste en el análisis de los dispositivos incautados para determinar si son producto de ilícitos. Una vez confirmado esto, los aparatos serán entregados a sus legítimos propietarios, quienes podrán identificarlos en la sede del Departamento de Investigaciones.

La pesquisa abarca una serie de robos ocurridos desde enero hasta marzo, y se intensificó debido a la falta de colaboración por parte del personal de los locales de servicio técnico, quienes se negaron a brindar información a la Policía. El comisario Germán Gómez explicó que los establecimientos allanados se dedicaban a "resetear" los dispositivos robados para reintroducirlos en el mercado como productos de segunda mano.

La operación contó con la participación de unos 50 policías de diferentes unidades, demostrando el compromiso de las autoridades en desmantelar esta red delictiva. El comisario general Adrián Ramallo enfatizó que la investigación no se limita a perseguir a los autores materiales de los robos, sino también a quienes adquieren los dispositivos ilícitos. Se advirtió a la población sobre los riesgos de adquirir productos a precios muy bajos, ya que podrían ser de origen delictivo.