El gobierno de Javier Milei endurece las políticas hacia extranjeros en salud, educación y migración
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una serie de medidas que afectan la política migratoria y los servicios públicos para extranjeros no residentes en Argentina.
1. Educación universitaria:
– Se habilitará el cobro de aranceles en universidades públicas para estudiantes extranjeros no residentes.
– Según Adorni, esto busca generar fuentes de financiamiento para las instituciones educativas, especialmente tras el recorte presupuestario aplicado por el gobierno, que ha afectado salarios docentes y el funcionamiento de las casas de estudio.
2. Atención médica:
– Los extranjeros no residentes deberán pagar por los servicios de salud.
– Adorni destacó como ejemplo la experiencia de Salta, donde una medida similar redujo un 95% la atención a extranjeros y generó un ahorro de 60 millones de pesos.
– La implementación quedará en manos de organismos nacionales, provinciales y municipales, que definirán las condiciones de acceso.
Endurecimiento en migración
– Incorporarán nuevos delitos como causales para negar el ingreso o justificar la expulsión de extranjeros.
– Se reforzarán controles para evitar el ingreso con documentación falsa. Quienes violen la prohibición de reingreso serán detenidos.
Adorni justificó estas decisiones como parte de una estrategia para ordenar el país y fortalecer el control de las fronteras.
Receta electrónica obligatoria
Adorni también anunció que a partir del 1 de enero de 2025 será obligatoria la prescripción de medicamentos mediante recetas electrónicas, eliminando las versiones en papel. Esto busca garantizar transparencia, evitar irregularidades y dificultar los fraudes relacionados con recetas apócrifas.
La medida forma parte de la **Resolución 5744/2024** del Ministerio de Salud y apunta a modernizar el sistema de salud.
Estos anuncios surgen en un escenario de incertidumbre debido a la falta de resolución del **Presupuesto 2025**, que está pendiente de aprobación en el Congreso Nacional.
Las medidas han generado polémica, especialmente por su impacto en el acceso a servicios públicos y derechos fundamentales de personas extranjeras.
