Escándalo en Pampa de las Salinas: investigan a presos por falsificar certificados para reducir sus condenas
Una investigación judicial sacudió este jueves al Complejo Penitenciario II de Pampa de las Salinas, donde al menos tres internos están sospechados de haber falsificado certificados educativos con el objetivo de obtener beneficios indebidos en sus condenas. El caso fue denunciado por el Juzgado de Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción Judicial y ya se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal.
El hecho salió a la luz tras un correo electrónico que advertía sobre posibles irregularidades en documentos emitidos por la plataforma de educación virtual Loopian. A raíz de esa alerta, el juzgado solicitó informes al Servicio Penitenciario Provincial y giró copias a la Fiscalía para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública.
Según reveló el área de Educación del penal en un informe entregado al juzgado, una auditoría interna determinó que al menos tres internos habrían presentado certificados apócrifos para acceder a los estímulos educativos contemplados en la Ley 24.660. Esta normativa permite que los condenados que se capaciten y estudien puedan recibir una reducción de hasta 20 meses en el cumplimiento de su pena, siempre que cumplan con ciertos requisitos, como la carga horaria, asistencia y certificación de los estudios.
Los documentos falsificados formaban parte de los informes que periódicamente el Servicio Penitenciario remite al juzgado, y que sirven como base para evaluar si corresponde aplicar esos beneficios. De comprobarse el fraude, los internos involucrados no solo perderían los beneficios obtenidos, sino que también podrían enfrentar nuevas causas penales.
Desde el juzgado explicaron que su función es garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales de los condenados, con el objetivo de promover su reinserción social. Sin embargo, subrayaron que para ello es indispensable el trabajo articulado con el Servicio Penitenciario y el cumplimiento estricto de las normas.
El escándalo se produce en un contexto de creciente atención pública sobre los beneficios otorgados a personas privadas de libertad. En ese sentido, también se aclaró que los llamados “permisos extraordinarios” —cuya legalidad fue recientemente cuestionada en redes sociales— fueron concedidos conforme a la normativa vigente, con custodia penitenciaria y en situaciones excepcionales, como enfermedades o edad avanzada de los familiares.
Ahora será responsabilidad del Ministerio Público Fiscal determinar si existió una maniobra fraudulenta dentro del sistema penitenciario para obtener reducciones indebidas de pena. La investigación recién comienza, pero ya pone en jaque uno de los pilares del sistema de reinserción social.
