Otro golpe al Estado: el Gobierno disuelve el Instituto Nacional del Cáncer y 20 organismos más
El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos, como parte de su política de ajuste y reducción del Estado. La medida, publicada en el Boletín Oficial N.º 35.702, incluye dependencias vinculadas a la salud, el transporte, la agroindustria, la industria y la seguridad vial. Entre ellas, una decisión particularmente sensible generó preocupación en el ámbito sanitario: el Instituto Nacional del Cáncer dejará de existir como organismo autónomo.
Según el Ejecutivo, las competencias esenciales de los organismos eliminados serán reasignadas a ministerios y secretarías, mientras que el personal mantendrá sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras. No obstante, esta reorganización profundiza la incertidumbre sobre el funcionamiento y alcance de políticas públicas clave, especialmente en áreas críticas como la salud.
Además del Instituto Nacional del Cáncer, se disolvieron organismos como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), entre otros.
Algunos entes no fueron eliminados, pero sí transformados o absorbidos por estructuras ministeriales. El Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, será convertido en una unidad organizativa dependiente del Ministerio de Salud. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
En paralelo, se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que unificará la gestión de hospitales nacionales como el Posadas, Sommer y Carrillo, así como de institutos de rehabilitación y salud mental, con el argumento de «optimizar recursos» y «fortalecer capacidades».
El Gobierno justificó las medidas en base a un diagnóstico interno que señala un crecimiento excesivo del personal en entes descentralizados —de 35.481 agentes en 2010 a más de 88 mil en 2024—, sumado a supuestas superposiciones, irregularidades y falta de resultados.
Los bienes inmuebles y vehículos sin uso de los organismos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su redistribución o venta, mientras que los fondos líquidos pasarán directamente al Tesoro Nacional.
Los ministerios tienen ahora la tarea de rediseñar sus estructuras para absorber las funciones que antes cumplían los entes eliminados y garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, la medida ya generó fuerte preocupación en sectores sociales, científicos y sanitarios que advierten sobre un posible desmantelamiento de políticas públicas fundamentales bajo la lógica del ajuste.
