El fallo de la Jueza.

La jueza Laboral N°2 de la primera circunscripción judicial, María Eugenia Bona, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gobernador electo Claudio Poggi y ordenó a la gestión actual del Poder Ejecutivo, que conduce Alberto Rodríguez Saá, “no innovar, sobre los llamados a licitación, licitaciones en trámite, adjudicaciones y/o contrataciones de obra pública”.

La medida alcanza a la “Administración Central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, Agencias, y Sociedades de Estado sea parte, y cuya ejecución pudiera exceder el actual mandato gubernamental 09/12/2023”.

El abogado Ricardo Endeiza, vicegobernador electo, patrocinó la acción iniciada por Poggi la semana pasada ante la Justicia.

El fallo de Bona se conoció pocas horas antes que el gobernador Rodríguez Saá encabezara el acto de llamado a licitación para la construcción de la Ciudad Judicial. La ceremonia se iba a realizar a las 18.00 en Terrazas del Portezuelo con la participación del Superior Tribunal de Justicia.

La magistrada dispuso que la medida se mantenga “inter dure el trámite de la presente causa”.

La respuesta del Ejecutivo Provincial:

El Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia, a través de la Resolución N°1766, anticipó que, si la medida cautelar dictada por la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, que frenó licitaciones, adjudicaciones y contrataciones por parte del Ejecutivo, genera algún perjuicio al Estado o a un tercero contratante, se iniciarán acciones legales contra la magistrada y el gobernador electo, Claudio Poggi.

Poggi, con el patrocinio del abogado –y vicegobernador electo- Ricardo Endeiza, fue quien solicitó esa medida a la jueza, para detener los procesos licitatorios hasta el 10 de diciembre, cuando asuma la nueva gestión del Gobierno.

El Ministerio, en su Resolución, manifiesta que acatará la decisión judicial, pero formula “expresa reserva, que ante cualquier eventual perjuicio que pudiere sufrir el Estado Provincial y todo tercero contratante de buena fe con el mismo, en virtud de la decisión adoptada, se instará judicialmente los procesos legales pertinentes a los efectos de determinar la responsabilidad civil y penal de CLAUDIO JAVIER POGGI y la Jueza MARIA EUGENIA BONA”.

El documento del Ministerio que conduce Alberto Rodríguez Saá (hijo) también apunta: “Siguiendo el razonamiento adoptado por Claudio Poggi y por la Sra. Jueza, toda actividad estatal debiera paralizarse antes del vencimiento del periodo constitucional asignado al titular del Poder Ejecutivo; es evidente que dicha situación constituye un absurdo, ello privaría de los más elementales servicios a la población de San Luis provistos por el Estado”.

En ese sentido, resalta que “bajo ese criterio no se podría proveer servicios de Internet, servicio de viandas para los hospitales públicos, servicio de copa de leche en las escuelas, combustible para los móviles de las fuerzas de seguridad estatales, todos hasta después del 09/12/2023. Lo que evidentemente constituye un contra sentido en la continuidad de las prestaciones, servicios e infraestructura que tiene a cargo el Poder Ejecutivo Provincial”.

De todos modos, en los considerandos de la Resolución ministerial, la cartera cuestiona  los argumentos esgrimidos por el demandante, y aceptados por la jueza, para instar la medida cautelar.