Según Cali Velasco, la obra pública en San Luis es un importante motor económico que genera empleo y contribuye a la circulación del dinero en la región. La suspensión de estas licitaciones, como se solicita en la medida, tendría un impacto directo en la generación de empleo y en la economía de la provincia.

El funcionario también señaló que esta medida parece tener motivaciones políticas más que jurídicas, ya que busca obstaculizar el normal funcionamiento de las actividades estatales en beneficio de los habitantes de San Luis. Además, afectaría la previsibilidad de las empresas contratistas de obras públicas y tendría un impacto significativo en la economía local.

En resumen, el gobierno provincial considera que esta medida puede tener graves consecuencias en términos de empleo, economía y gobernabilidad, y argumenta que está más relacionada con consideraciones políticas que con cuestiones legales.