La Justicia lo notificó de la imputación luego de que Yáñez ampliara su declaración en la causa que se investiga bajo la dirección del juez federal Julián Ercolini.
La noticia se dio a conocer en medio de un creciente escándalo, amplificado por la filtración de imágenes que muestran a Yáñez con visibles moretones en su rostro y brazo. La ex primera dama afirmó que estos incidentes ocurrieron durante el tiempo en que Fernández ocupaba la Presidencia, en la Quinta de Olivos, en plena pandemia.
Tras ser notificado, Fernández designó a Silvina Carreira, una abogada especializada en derecho de familia, para que lo represente en la causa. El exmandatario, según informes, se encuentra preparando su defensa con un equipo legal desde su residencia en Puerto Madero. Además, concedió una entrevista a un medio extranjero, donde abordará las acusaciones en su contra, la cual se espera sea publicada este fin de semana.
El caso, que ha generado un gran revuelo, se encuentra en una fase inicial de recopilación de pruebas. El fiscal a cargo de la causa por violencia de género es Ramiro González, mientras que la investigación es dirigida por el juez federal Julián Ercolini.
La denuncia de Yáñez se diferencia de las causas por corrupción en las que también está involucrado Fernández. El fiscal Carlos Rívolo, quien maneja una causa separada sobre seguros, solicitó que la denuncia de Yáñez se sorteara entre los juzgados federales, recayendo finalmente en el Juzgado Federal 10, a cargo de Ercolini.
Tras la denuncia, Yáñez se encuentra en Madrid, España, donde ha solicitado un cambio en sus custodios, designados originalmente por la administración de Unión por la Patria. Según fuentes cercanas, la exprimera dama se siente sola y asustada, y teme por su seguridad.
La corresponsal de Alpha Media en Madrid, Ana Gerschenson, detalló que Yáñez se ha mantenido recluida en su departamento en el exclusivo barrio de Salamanca, y que recientemente ha pedido refuerzos de seguridad debido a su preocupación por posibles filtraciones de información.
El escándalo ha complicado las relaciones entre los gobiernos de Argentina y España, especialmente en lo que respecta a la coordinación de medidas de seguridad. Mientras tanto, la atención mediática sigue centrada en las próximas declaraciones y movimientos de ambos protagonistas en este caso.