San Luis: denuncian un sobrecosto de 40 millones en la compra de un camión por parte del Municipio
El Municipio de San Luis, bajo la gestión del intendente Gastón Hissa, vuelve a estar en el centro de la polémica. Concejales del bloque justicialista denunciaron un presunto sobrecosto de más de 40 millones de pesos en una reciente compra de camiones y compactadores de basura, luego de que se adjudicara una licitación a una empresa cuya oferta superaba ampliamente a otra más económica.
La adquisición, realizada a través del expediente Nº I-02140185-2025, consistía en la compra de dos camiones y dos equipos compactadores por un total de $362 millones. Según los concejales opositores, se desechó una oferta más barata sin una justificación clara, optando por una alternativa que resultó ser un 12,42% más cara.
La controversia radica en que la empresa que presentó la propuesta más económica —por un total de $321.417.217,56, lo que representaba un ahorro de más de $26 millones sobre el presupuesto oficial— fue descalificada por razones técnicas que, curiosamente, no estaban especificadas en el pliego licitatorio. En particular, se cuestionaron los “patines guía” de la caja compactadora, un detalle menor cuya omisión en la documentación oficial pone en duda la transparencia del proceso.
Mientras tanto, la empresa que finalmente resultó preadjudicada presentó una oferta que superó incluso el presupuesto oficial en más de 14 millones de pesos, configurando un sobrecosto evidente que encendió las alarmas en el Concejo Deliberante. Desde el bloque justicialista plantearon que la diferencia entre ambas propuestas representa un gasto innecesario de recursos públicos y sospechan de posibles maniobras de favoritismo.
Las sospechas no son nuevas. Desde los primeros meses de la gestión de Hissa, diversas voces del ámbito político y empresarial local vienen denunciando irregularidades en la asignación de contratos municipales, apuntando especialmente al rol de Agustín Hissa, hermano del intendente e integrante de su gabinete como secretario de Servicios Públicos. Según relatan fuentes internas, la influencia de este funcionario en la elección de proveedores ha generado malestar y sospechas de favoritismo hacia firmas vinculadas políticamente.
Esta semana, los concejales justicialistas formalizaron un pedido de informe al Ejecutivo Municipal, solicitando acceso al dictamen técnico que justificó la decisión, al pliego completo del proceso licitatorio y, especialmente, a una explicación que permita entender por qué el Municipio optó por desechar una oferta más conveniente para las arcas públicas.
Advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta clara y documentada, avanzarán con una denuncia penal. “El Municipio decidió tirar 40 millones de pesos por la ventana o quizás, a algún bolsillo amigo”, lanzaron con dureza desde el bloque opositor.
La gestión de Gastón Hissa enfrenta así una nueva acusación que pone en tela de juicio la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la legalidad de sus procesos administrativos. Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente desconfianza cómo se ejecutan decisiones que afectan directamente el presupuesto municipal, en un contexto económico en el que —paradójicamente— se insiste con que “no hay plata”.
