Una falla del Estado y una víctima señalada: Verónica Acosta, la mamá a la que el Gobierno le transfirió $510 millones por error
Un error humano en la Tesorería General del Gobierno de San Luis derivó en una grave situación judicial y mediática para Verónica Acosta, una joven madre soltera, a quien el 6 de mayo le depositaron por equivocación $510 millones en su cuenta bancaria. La transferencia, según reconoció el propio tesorero provincial Walter “Tino” Valenzuela ante la Justicia, se debió a un “error de tipeo”.
Acosta esperaba cobrar los $8.000 correspondientes a la cuota alimentaria, pero en su lugar recibió una cifra descomunal. La confusión se originó al cargarse la orden de pago en el sistema Interbanking, en un procedimiento donde, según explicó Valenzuela, intervienen solo dos personas encargadas de las liquidaciones y una tercera que carga nuevas cuentas. La Tesorería depende directamente del ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez.
Lo sucedido evidencia una preocupante fragilidad en el manejo de fondos públicos, a solo cinco días de las elecciones provinciales del 11 de mayo. El propio tesorero admitió ante la fiscal Daniela Torres (actualmente suspendida) que el sistema detectó el error al día siguiente, y que de inmediato iniciaron un pedido de recuperación de los fondos, que incluyó una denuncia policial el 8 de mayo.
Pero lo que comenzó como una equivocación administrativa derivó en una embestida gubernamental sin precedentes. En vez de reconocer la responsabilidad estatal, el Gobierno puso en marcha un operativo que incluyó allanamientos, detenciones —entre ellas la de Verónica— y una campaña de escrache público en medios nacionales y locales, donde la joven fue tratada como una delincuente.
“Verónica Acosta ha sido víctima de violencia institucional”, afirmó la abogada Carolina Díaz, quien considera que su defensa debería impulsar una denuncia en ese sentido. La situación también pone en tela de juicio la transparencia y los controles dentro del Estado provincial.
Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién se hace cargo del error que le arruinó la vida a una ciudadana común?
