Corrupción en el PANE: denuncian al ministro Trombotto por dirigir y beneficiarse del reparto de viandas escolares
El escándalo por el Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE) llegó a los tribunales de San Luis. Los diputados provinciales Silvia Sosa Araujo, Sonia Delarco y Federico Berardo presentaron una denuncia penal por “asociación ilícita” contra el ministro de Desarrollo Produivo, Federico Trombotto, a quien acusan de dirigir y beneficiarse del programa a través de una maniobra que consideran “flagrantemente incompatible”.
La denuncia sostiene que Trombotto estaría vinculado a un local gastronómico donde se elaboran viandas escolares, mientras que su propio ministerio es el encargado de gestionar los contratos del plan. “Está de los dos lados del mostrador”, apuntaron los legisladores, señalando que el negocio estaría ubicado en la esquina de Esteban Adaro y San Juan, y operado por personas allegadas al ministro y a César Oliva, director de Valor Agregado y Vinculación Compre Local.
Una estructura para aprovecharse del PANE
Según los diputados, Trombotto y Oliva habrían montado una estructura para beneficiarse del millonario presupuesto del PANE, incurriendo en posibles actos de corrupción. La presentación judicial denuncia una incompatibilidad de funciones, al tiempo que recuerda que desde abril de 2023 vienen recibiendo reclamos de padres por viandas en mal estado.
Este año, el panorama se agravó con casos masivos de intoxicación en escuelas de San Luis y Villa Mercedes, uno de ellos con un alumno que contrajo salmonella y estuvo en estado crítico.
Acusan silencio y falta de respuestas
La diputada Sonia Delarco, una de las voces más firmes en el reclamo, también criticó el silencio de Eugenia Gallardo, actual responsable del programa y diputada provincial. “Tiene la obligación de comunicar lo que está pasando, pero se mantiene callada”, lamentó.
Además, los legisladores denunciantes intentaron interpelar a Trombotto en la Cámara de Diputados, pero el oficialismo y sus aliados bloquearon el pedido.
“Esto afecta directamente a la salud de la población. Pedimos que se investigue hasta las últimas consecuencias”, exigieron los legisladores en su presentación ante la Unidad de Abordaje Fiscal.
