DEA en San Luis: Capacitación o intervención silenciosa?
San Luis se prepara para recibir, después del 25 de enero, a una comisión de la DEA (Drug Enforcement Administration) —la agencia antidrogas de los Estados Unidos— para brindar capacitación en lucha contra el narcotráfico a las fuerzas provinciales y federales. Según el anuncio oficial, la formación busca fortalecer la prevención y combate del delito en nuestra provincia en coordinación con la Embajada de EE. UU. y diversas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. (El Chorrillero)
Sin embargo, organismos como la DEA no son un socio neutral en la arena internacional. A nivel global han sido protagonistas de investigaciones y operaciones contra figuras políticas de alto rango, como el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, imputado y extraditado a EE. UU. por narcotráfico y lavado de dinero, una acción que revela la magnitud del poder de esa agencia para influir sobre gobiernos soberanos. No nos extenderemos en el caso Venezuela, pero fue notoria la intervención de esta agencia. (Departamento de Justicia)
Ese tipo de intervenciones plantea serias dudas sobre la confiabilidad de una agencia que, además de capacitación, ha ejercido poder punitivo sobre líderes latinoamericanos. La presencia de la DEA en San Luis, lejos de ser una simple ayuda técnica, toca fibras sensibles de soberanía política y del rol que nuestra provincia debe jugar en definir sus propias políticas de seguridad, sin depender de iniciativas externas con agendas geopolíticas propias.
Mientras tanto, en los Estados Unidos persisten duros cuestionamientos internos sobre el accionar de sus fuerzas federales de seguridad. Las protestas masivas por el uso de fuerza federal, especialmente en torno a las operaciones de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) tras el asesinato de una ciudadana en Minneapolis, evidencian una ciudadanía en pie de lucha contra prácticas represivas que muchos perciben como excesivas o injustificadas. Estas movilizaciones han tenido eco en ciudades de todo el país, con miles reclamando rendición de cuentas a las agencias del gobierno federal. (Reuters)
La conjunción de estos hechos —una agencia polémica con capacidad de arrestar a líderes latinoamericanos y protestas internas significativas contra las fuerzas de seguridad estadounidenses— debería invitar a una reflexión seria en San Luis. La falta de políticas provinciales propias, claras y representativas del sentir popular para enfrentar narcotráfico y crimen organizado no puede reemplazarse por capacitación que, además de técnica, porta implicancias políticas profundas. Nuestra provincia merece definir su destino de seguridad sin ceder liderazgo ni soberanía a actores externos.
Muy claro, es brazo de inteligencia estadounidense en cada país latinoamericano para hacer espionaje político; se amparan en ser equipos especialistas antidrogas, mientras en su propio país, EEUU, están hasta las manos haciendo correr droga de todo tipo, el país que más consume en el mundo y no resuelven nada, excepto deportar latinos a sus países de origen.
No arreglan lo de adentro por qué les sirve para justificar su presencia en cualquier país latinoamericano. Es más que obvio. El narco tráfico es de ellos, los popes del narco también son de ellos, están y operan desde ese país, pero los culpables son los gobiernos y los pobladores de los países latinos. Primero arreglen y ordenen su casa, así la nuestra, se va ordenando en consonancia, «sin consumo y sin demanda la oferta se termina sola y producir droga dejaría de ser necesario, poco rentable y mal negocio».
Nuestro problema es además del flagelo de la droga, la falta de defensa de nuestra propia sobernía e independencia. Gobiernos cipayos en todos los estamentos y niveles, dejando a los de afuera hacer lo que quieran. Indignidad total. Nosotros podemos combatir el narco y bajar las adicciones con nuestros propios profesionales en la materia, solo falta gobernar en serio y defender el interés del pueblo.