Dos causas, una misma prueba: el desafío de la Justicia de San Luis frente a la corrupción
El inicio del juicio oral contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, dirigente vinculada al gobierno de Alberto Rodríguez Saá, vuelve a colocar en el centro del debate el control de los fondos públicos en San Luis. La Fiscalía la acusa de fraude a la administración pública, peculado, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria, en una causa que investiga el presunto desvío de dinero estatal hacia el San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía. Según la investigación, entre 2022 y 2023 se habrían realizado 188 transferencias por más de 166 millones de pesos desde organismos provinciales hacia ese club.
La acusación también incluye la compra de un colectivo con un presunto sobreprecio cercano a los 175 millones de pesos, un punto que refuerza la hipótesis de fraude planteada por el Ministerio Público Fiscal. En el proceso incluso fue citado como testigo el propio ex gobernador Rodríguez Saá, lo que convierte al juicio en uno de los expedientes judiciales más sensibles surgidos tras el cambio de приемencia política en la provincia.
En paralelo, la Justicia también deberá analizar la situación del actual secretario de Ética Pública del gobierno provincial, Ricardo Bazla, quien solicitó una licencia por 90 días sin goce de haberes para enfrentar una investigación judicial por una presunta defraudación vinculada al manejo de la producción agrícola del campo estatal “El Caburé”. La causa, que se tramita en tribunales de Villa Mercedes, intenta determinar si hubo irregularidades en el registro y destino de la cosecha de maíz producida en ese establecimiento.
La simultaneidad de ambos casos coloca a la Justicia sanluiseña ante un desafío institucional: investigar hechos de presunta corrupción que atraviesan dos administraciones políticas distintas. Si los tribunales actúan con el mismo rigor frente a dirigentes del gobierno anterior y funcionarios del actual, el mensaje será claro: el control de los recursos públicos no depende del color político. Si no lo hacen, el riesgo es que la lucha contra la corrupción vuelva a quedar atrapada en la lógica de la disputa partidaria.
