Ética bajo sospecha: la caída de Bazla en San Luis y el espejo del caso Adorni
La renuncia de Ricardo Bazla a la Secretaría de Ética Pública de San Luis, aceptada por el gobernador Claudio Poggi, sacudió el tablero político provincial. No se trató de una salida ordenada ni administrativa: ocurrió en medio de una imputación judicial por múltiples delitos que lo colocó en el centro de la escena. El funcionario, que debía garantizar estándares de transparencia, terminó envuelto en un escándalo que erosiona la credibilidad institucional.
Según lo publicado, la imputación incluye acusaciones de peso que abren interrogantes sobre su conducta mientras ocupaba un cargo sensible. La contradicción es evidente: quien debía controlar la ética pública quedó bajo la lupa de la Justicia. En términos políticos, el costo no es solo personal; golpea directamente a la gestión de Poggi, que queda obligada a dar explicaciones sobre los mecanismos de control y selección de funcionarios.
El caso no se da en el vacío. A nivel nacional, el escándalo que involucró a Manuel Adorni también puso en discusión los límites entre discurso oficial, transparencia y responsabilidad pública. Aunque los contextos son distintos, ambos episodios comparten un punto clave: funcionarios que, desde roles de exposición o control, terminan cuestionados por su propia conducta, generando un efecto dominó sobre la confianza pública.
En definitiva, lo de Bazla no es solo un problema judicial sino político. Refuerza una tendencia preocupante: la ética como discurso declamado pero débil en la práctica. En San Luis, como en Nación, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino quién controla a los que deben controlar. Y ahí, como suele ocurrir, el silencio institucional pesa más que cualquier renuncia.
