Menos coparticipación, más crisis: cómo afecta a la gobernabilidad de los municipios
La reducción de fondos coparticipables se ha convertido en una amenaza concreta para los municipios de todo el país. La caída en las transferencias que llegan desde Nación no solo debilita las finanzas locales, sino que también pone en jaque la gobernabilidad de muchas comunas que, con recursos limitados, deben seguir garantizando servicios esenciales, asistencia social y el pago de salarios.
Los intendentes, sobre todo los del interior profundo, hacen malabares para sostener una administración que depende en gran medida de estos recursos. Y el impacto directo se siente en cada barrio, cada calle y cada hogar.
Un sistema en crisis
La coparticipación es el mecanismo mediante el cual los gobiernos provinciales y municipales reciben una porción de los impuestos nacionales. Cuando estos envíos se reducen o se paralizan, las comunas pierden su principal fuente de ingresos genuinos.
Este recorte afecta desde la obra pública hasta los servicios más básicos como la recolección de residuos, la iluminación, el mantenimiento de calles, la asistencia social, y en muchos casos, incluso la salud.
Obra pública paralizada, empleo en riesgo
Uno de los primeros sectores en resentirse es el de la obra pública. Sin fondos para ejecutar proyectos de infraestructura o vivienda, se frena también la generación de empleo directo e indirecto. Esto impacta de lleno en el desarrollo local y en la economía privada, generando un círculo de estancamiento difícil de romper.
Al mismo tiempo, los gastos fijos de los municipios —como sueldos, aguinaldos, aportes jubilatorios y seguros de salud— comienzan a estar en riesgo.
Servicios esenciales al borde del colapso
Servicios como la recolección de basura, el corte de césped, el alumbrado público o el mantenimiento de plazas y calles también se ven condicionados. Con menos recursos, se recortan frecuencias, se deteriora la calidad del servicio, o directamente se suspende su prestación.
Frente al aumento de tarifas, los municipios también se ven obligados a asistir a sectores vulnerables que no pueden afrontar servicios básicos como la energía eléctrica. Pero ¿cómo sostener estas ayudas sin fondos?
La salud y la asistencia, bajo amenaza
En muchas localidades, los municipios también cumplen un rol clave en materia sanitaria. Acompañan con la entrega de medicamentos, traslados a centros de salud y atención primaria cuando los hospitales no dan abasto o carecen de recursos. Con la caída de la coparticipación, este soporte también corre peligro.
Algo similar ocurre con los servicios fúnebres. Cuando las familias no pueden costearlos, son las intendencias las que los cubren. Sin presupuesto, estas ayudas también se vuelven inviables.
Agua, cloacas y luminarias: una odisea cotidiana
El mantenimiento de redes de agua potable, cloacas y alumbrado público requiere recursos permanentes. Una bomba que se rompe, una calle que necesita bacheo, una luminaria dañada: cada situación representa costos elevados que muchas comunas hoy ya no pueden afrontar.
Algunos intendentes intentan cubrir el déficit subiendo tasas municipales, pero eso genera tensión social y afecta aún más a los contribuyentes, ya golpeados por la inflación y la caída del consumo.
El costo humano del ajuste
La situación también golpea a los jubilados, especialmente en zonas donde no hay gas natural y las comunas deben cubrir el costo de las garrafas. Esa ayuda, esencial para muchas personas mayores, también está en riesgo.
Por eso, cuando falte iluminación en una calle, cuando un jubilado no reciba asistencia, cuando se paralicen las obras o no se recolecte la basura, habrá que mirar hacia arriba y recordar que todo es consecuencia del ajuste en la coparticipación.
Conclusión: sin recursos, no hay gestión posible
La realidad es contundente: las municipalidades no pueden hacer magia. Sin coparticipación suficiente, la gestión pública se vuelve insostenible. Y los primeros en sentirlo son siempre los vecinos.
