San Luis

Merlo: anulan la intervención en la Cooperativa y Stinga exige renuncias en el gabinete provincial

Tras la anulación de la asamblea realizada el 7 de junio en la Cooperativa de Agua de Merlo, el dirigente socialista Mariano Stinga denunció un intento de “golpe institucional” y pidió la renuncia de funcionarios provinciales y municipales implicados en el conflicto. La Dirección Provincial de Cooperativas y Mutuales declaró “irregular e ineficaz” el proceso impulsado por el municipio y restituyó al consejo de administración desplazado.

“Un golpe ilegal y violento”

Stinga, referente del Partido Socialista, fue contundente al calificar el intento de intervención como un “golpe violento” llevado adelante por sectores del oficialismo local. En una publicación en redes sociales, apuntó directamente contra el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y el funcionario de Vialidad Provincial, Eloy Biassi, a quienes acusó de ser parte activa del proceso.

“El gobernador debe tomar cartas en el asunto y hacer una limpieza general de funcionarios violentos y corruptos si quiere mantener en Merlo una imagen positiva”, expresó.

También remarcó que varios de los participantes de la fallida asamblea ni siquiera eran socios de la cooperativa, lo que —según afirmó— invalidaba por completo su intervención en el proceso.

Restitución del consejo y nueva asamblea

La resolución del organismo provincial no solo dejó sin efecto la asamblea impulsada por el municipio, sino que restituyó a las autoridades legítimas de la Cooperativa y convocó a una nueva asamblea para el 26 de julio, con el objetivo de regularizar la situación.

Si bien Stinga valoró que el gobierno provincial haya actuado para corregir lo que consideró un atropello, insistió en que las responsabilidades políticas siguen vigentes.

“Eloy Biassi no solo instigó el golpe, sino que fue designado como interventor por decreto municipal, algo totalmente ilegal”, sostuvo.

Señalamientos al gabinete

Además de Biassi, Stinga pidió que el gobernador evalúe la continuidad de Álvarez Pinto, a quien responsabilizó por participar activamente del intento de intervención. Lo acusó de “haber promovido el quiebre institucional” en complicidad con funcionarios locales, y lo instó a renunciar como muestra de responsabilidad política.


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