Poggi propone a un funcionario leal para el Superior Tribunal y contradice su propio discurso sobre la independencia judicial
El gobernador Claudio Poggi propuso al fiscal de Estado, Víctor Endeiza, como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, para ocupar el cargo que dejó vacante Cecilia Chada tras su reciente renuncia. La decisión generó fuertes cuestionamientos y expuso una contradicción directa con el discurso que el mandatario sostuvo durante años sobre la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial.
Con esta postulación, Poggi no solo dejó atrás sus promesas de respeto institucional, sino que dio señales claras de querer avanzar con una reforma judicial en clave de control político.
Del discurso a los hechos: una contradicción evidente
Durante su campaña y en múltiples declaraciones públicas, Poggi se mostró como un defensor de la Constitución y del equilibrio de poderes. Sin embargo, al momento de tener la oportunidad de poner en práctica esos principios, eligió a uno de sus funcionarios más cercanos y leales.
Víctor Endeiza, actual fiscal de Estado y figura central del oficialismo, ha sido un defensor incondicional del Ejecutivo incluso en situaciones controvertidas. Su eventual llegada al máximo tribunal provincial representa, para sectores de la oposición y del ámbito judicial, un avance del poder político sobre la Justicia.
Un antecedente que lo compromete
En febrero de 2022, cuando aún era precandidato a gobernador, Poggi impugnó la postulación de Eduardo Mones Ruiz –entonces vicegobernador– al mismo tribunal, aduciendo que no era posible garantizar su imparcialidad por su rol político previo. En ese momento, Poggi se presentó como el “paladín de la justicia”, acompañado por Ricardo Endeiza, primo de Víctor y hoy vicegobernador.
Dos años después, Poggi impulsa para la Corte a un funcionario que cumple exactamente con el perfil que él mismo había rechazado: militante, miembro del gabinete y operador político. La contradicción es difícil de disimular.
Una maniobra que viene de lejos
El desembarco de Avanzar San Luis en la estructura judicial no es improvisado. Desde su rol de fiscal de Estado, Endeiza fue protagonista de maniobras que, según denuncias extraoficiales, provocaron las salidas del procurador general Luis Martínez y de la propia Chada.
El desgaste institucional se combinó con una estrategia política concreta: ganar espacio en el ámbito judicial con figuras afines y leales al oficialismo. Endeiza aparece como el primer paso de ese camino.
Mayorías automáticas
Con la mayoría legislativa asegurada gracias a acuerdos políticos y a la cooptación de sectores opositores, el oficialismo no tendrá obstáculos para aprobar el pliego de Endeiza en la Cámara de Senadores. La posibilidad de una Justicia adicta al Ejecutivo comienza a materializarse.
La propuesta de Poggi también incluyó al joven juez Sebastián Cadelago como candidato a otro cargo clave en la estructura judicial. Aunque su legajo es considerado intachable, su nombramiento quedó eclipsado por la polémica en torno a Endeiza.
El espejismo de la reforma judicial
El Gobierno ha insistido en la necesidad de “reformar la Justicia”, pero hasta el momento, el único punto de esa pretendida reforma que se instaló con fuerza en el debate público fue la eliminación de la feria judicial.
La campaña oficial contra el receso de enero y julio fue presentada como una medida de modernización, pero fue leída por amplios sectores como una estrategia distractiva que elude los verdaderos problemas del sistema judicial: falta de recursos, lentitud de los procesos, presiones políticas y escasa transparencia.
Un relato que se desgasta
El relato del poggismo como garante de institucionalidad y defensor del equilibrio de poderes empieza a hacer agua frente a los hechos. Con esta jugada, Poggi mostró que su visión de la Justicia incluye cercanía política, lealtad personal y subordinación a los intereses del Ejecutivo.
Si alguna vez se trató de promover una “depuración” del sistema, hoy esa intención aparece teñida de oportunismo y autoritarismo. Una Justicia subordinada al poder político es lo contrario a lo que se necesita para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
