San Luis, entre las provincias con los menores salarios públicos: la oposición acusa a Poggi de mentir
La provincia de San Luis se encuentra actualmente entre las jurisdicciones que registran los salarios más bajos para los empleados públicos, según diferentes análisis realizados por organismos provinciales y gremiales durante 2024-2025. Ante este escenario, el gobernador Claudio Poggi fue acusado por sectores de la oposición de falsear datos y minimizar la gravedad de la situación salarial estatal.
Dirigentes sindicales y economistas señalan que, pese a ajustes puntuales, los sueldos estatales no logran recuperar el poder adquisitivo frente a una inflación anual que supera el 100 %. En este contexto, la denuncia contra Poggi se centra en que su discurso oficial sostiene una mejora que no coincide con la realidad de los trabajadores, muchos de los cuales siguen reclamando la apertura de paritarias y mejoras urgentes.
El Sindicato de Trabajadores Públicos (ATE) advirtió que San Luis ha liderado entre las provincias argentinas los recortes de gasto público, lo cual se refleja en salarios deteriorados, despidos y una crisis en los servicios públicos. Según esta lectura, el ajuste aplicado desde la gestión provincial profundizó la pérdida del poder adquisitivo para el conjunto de servidores estatales.
Por su parte, desde el Ejecutivo provincial se destacan aumentos otorgados durante el primer trimestre de 2025, y se sostiene que se encuentran en línea con la media nacional de ajustes para el sector público. Sin embargo, los datos más desagregados muestran que ciertos sectores, como la justicia provincial, se ubican casi en el último lugar entre las provincias en cuanto a salario promedio, lo que refuerza la sensación de inequidad en el tratamiento del personal estatal.
El conflicto se agrava en un contexto donde los servicios públicos dependen cada vez más de la calidad, la capacitación y la motivación de sus agentes. Desde distintas voces reclaman que, sin revertir el deterioro salarial, la provincia no podrá sostener una planta estatal eficiente, lo que impacta directamente en la prestación de servicios, en la capacidad operativa de organismos y en la estabilidad del empleo público.
Por lo pronto, la controversia alrededor de la veracidad de los datos oficiales y la situación salarial plantea un dilema político y social: ¿puede una provincia que ocupa los últimos puestos en salarios estatales sostener un mecanismo de gestión pública moderno y justo? La respuesta, por ahora, parece estar en manos tanto del gobierno como de la movilización gremial, con miras a que la próxima ronda de negociaciones paritarias refleje un cambio más profundo que los simples incrementos porcentuales.
