Comienza el juicio por certificados médicos falsos en San Luis: tres imputados y graves cargos
El Colegio de Jueces de la primera circunscripción judicial de San Luis dará inicio al juicio oral contra Paola Valeria Tonelli, José Augusto Toledo y Graciela Apaza Señani, acusados de integrar una organización dedicada a falsificar certificados médicos para empleados públicos y privados. La causa fue impulsada por la Fiscalía de Estado y contempla cargos por asociación ilícita y defraudación al Estado.
La trama de los certificados apócrifos
El caso salió a la luz en 2023, cuando un médico denunció que su firma estaba siendo utilizada sin autorización en certificados que se ofrecían a través de redes sociales. A partir de esa denuncia, el Ejecutivo provincial descubrió que numerosos empleados públicos habían presentado estos documentos falsificados para justificar inasistencias laborales, sin dejar de percibir sus salarios.
Según explicó Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, se trataba de un mecanismo para lucrar a costa del erario público, que habría funcionado durante meses. Incluso, en el transcurso de la investigación se comprobó que algunos de los certificados también fueron utilizados en empresas privadas.
Roles y pruebas clave
Tonelli y Toledo están señalados como los principales responsables de confeccionar, vender y distribuir los certificados falsos. Por su parte, Apaza Señani quedó involucrada porque desde su comercio se realizaban las impresiones de los documentos. La Fiscalía sostiene que existía entre ellos un vínculo de «confianza peculiar», y que la mujer habría estado al tanto de la actividad, a pesar de su negativa.
Uno de los datos más relevantes del expediente es que, incluso tras haber sido imputados, los acusados habrían continuado con la falsificación. En total se realizaron dos allanamientos, que permitieron incautar pruebas que serán expuestas en las tres jornadas de debate oral.
Posible condena y expectativas
La Fiscalía de Instrucción solicitó una pena de cinco años de prisión, que podría agravarse si se comprueba que el delito fue continuado en el tiempo. Se espera que el juicio avance con rapidez y que el veredicto pueda conocerse este mismo viernes, salvo que surjan demoras en el desarrollo del proceso.
