Esta mejora se aplicará a los empleados administrativos del escalafón general, así como a docentes, fuerzas de seguridad y personal de salud. Los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial estarán excluidos. Los beneficiarios de Inclusión Social que trabajan en diversas dependencias públicas y que no pudieron ingresar al sistema, recibirán a partir de septiembre un beneficio equivalente al salario de la categoría F, es decir, $300,000. En cuanto al resto, su beneficio también se incrementará a $150,000 a partir de septiembre, cubriendo así la Canasta Básica de Alimentos según la publicación del INDEC para este mes.

El gobernador provincial explicó que estas medidas surgen como respuesta a una necesidad popular en un contexto nacional de inflación, y buscan tomar medidas económicas a favor de los trabajadores. Con este nuevo sueldo mínimo de $300,000 para los trabajadores de la administración pública a partir de septiembre, ningún empleado estatal provincial recibirá un salario por debajo de la línea de pobreza.

“Ningún empleado de la administración pública provincial ganará menos de $300,000 este mes de septiembre”, afirmó Alberto Rodríguez Saá, añadiendo: “Para evitar una brecha salarial entre las diferentes categorías, la diferencia mínima entre cada una será de $30,000, lo que equivale al 10%”, explicó.

A modo de ejemplo, a partir de este mes, aquellos en la categoría F verán un aumento de $162,000 a $300,000.

Por su parte, docentes, policías, personal de salud, empleados de entes gubernamentales, entre otros, experimentarán un incremento del 30 % en sus salarios, con un mínimo de $300,000.

Este aumento del 30 % también se aplicará a los becarios 22 AG y a los jóvenes líderes de la Secretaría de las Juventudes.

En cuanto a Inclusión Social, otra de las medidas destacadas del día son los aumentos otorgados en reconocimiento al trabajo de sus beneficiarios. “Queríamos que la inclusión de todos aquellos que están trabajando y que tengan las mismas condiciones que cualquier empleado de la administración fuera por ley”, explicó Rodríguez Saá con respecto al proyecto rechazado por los bloques opositores en la Legislatura provincial esta semana.

De esta manera, el gobernador anunció medidas históricas para los trabajadores de Inclusión Social. Aquellos que desempeñan labores en dependencias públicas como hospitales, complejos culturales, escuelas, instalaciones deportivas, entre otros, pasarán a recibir un beneficio de $300,000 a partir de septiembre, lo que representa un aumento de más del 300 %.

Por otro lado, los trabajadores de Inclusión que no prestan servicios en dependencias públicas recibirán un beneficio de $150,000 a partir de septiembre, lo que implica un incremento del 111 % en relación con sus salarios anteriores.

“Si no gestionáramos nuestra economía de esta manera, no podríamos mantener la provincia como lo hacemos ni pagar los salarios que pagamos”, añadió Alberto Rodríguez Saá, subrayando la importancia de tomar estas medidas cuando los trabajadores más las necesitan. “Les dije que nos veríamos de nuevo en septiembre, y aquí estamos. Ahora les digo que si la situación persiste, nos reuniremos de nuevo en octubre y noviembre”, aseguró.