Crimen de Valentín Sosa: una confesión inesperada reabre dudas en la causa
El caso por el asesinato de Valentín Manuel Sosa, ocurrido el 4 de agosto en Juana Koslay, dio un giro inesperado con la declaración de uno de los imputados. En plena audiencia, Marcos Gastón Videla rompió el silencio y señaló directamente a su coacusado, Agustín Ortiz, como el autor del crimen.
La sala de la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, quedó enmudecida cuando Videla pidió hablar. Su abogado le había aconsejado guardar silencio, pero insistió. Con la voz quebrada, aseguró: “Soy inocente, no sabía lo que iba a hacer. El que lo mató fue Ortiz”.
El cuerpo de Sosa, de 64 años, había sido encontrado con tres golpes en la cabeza, producidos con un palo o un objeto contundente, en su vivienda del barrio 274 Viviendas “Malvinas”. Según la fiscalía, el móvil fue económico: la víctima había guardado en su casa $500 mil provenientes de la venta de un auto.
El fiscal Ricardo Barbeito había detallado pruebas contra ambos acusados: testigos que los ubicaban en la zona, una vecina que los señaló y versiones de que Sosa tenía dinero en su domicilio. Sin embargo, el relato de Videla cambió el eje de la discusión.
Según declaró, Ortiz lo había encontrado en un baldío del barrio Eva Perón y lo convenció de acompañarlo bajo la excusa de “cobrar una plata”. Contó que lo dejó frente a la casa de Sosa y, quince minutos después, Ortiz salió con un bolso azul, guantes de látex y dinero en efectivo. Dijo que lo escuchó justificar el ataque asegurando que “solo lo había golpeado para desmayarlo”. Luego, quemaron los guantes, tomaron un remis, compraron droga y volvieron al barrio.
La defensa de Videla, a cargo del oficial Carlos Salazar, aprovechó esa declaración para cuestionar la legalidad del proceso. Denunció que su cliente estuvo detenido sin garantías y que fue interrogado sin la asistencia de un abogado. “Debemos velar por un proceso justo”, planteó, dejando entrever la sospecha de que Videla pudo haber sido presionado para hablar.
Ortiz, en cambio, eligió callar. Se limitó a confirmar su domicilio, el mismo barrio donde vivía Sosa, y se negó a declarar. Para la fiscalía, ese vínculo refuerza la hipótesis de un móvil económico: la familia de la víctima guardaba dinero en su casa para evitar que Ortiz lo dilapidara.
La jueza Banó concedió a las defensas una prórroga de ocho días, mientras el Ministerio Público insiste en mantener a los acusados presos por 120 días. En paralelo, esperan pericias de cámaras de seguridad privadas y nuevas declaraciones testimoniales.
El viernes marcó un antes y un después en la investigación. Hasta entonces, el caso parecía encaminado, con pruebas sólidas contra los dos sospechosos. Pero la confesión de Videla, el silencio de Ortiz y las dudas sobre la legalidad de los procedimientos dejaron la sensación de que la verdad aún está lejos de conocerse.
