De donde salió Arrascaeta ?
La figura de Ivanna Marcela Arrascaeta, Senadora Nacional por San Luis desde 2023, ha cobrado notoriedad en Villa Mercedes no por su trayectoria política, sino por su repentina exposición tras votar a favor del veto a la Ley de Emergencia en discapacidad. Este gesto, que afectó directamente a sectores vulnerables, reveló una desconexión profunda entre la representante y la comunidad que debería representar. En un contexto donde la legitimidad democrática se construye sobre la base de la participación y el vínculo con el electorado, la ausencia de actividad política previa y el desconocimiento generalizado de su figura en Villa Mercedes resultan alarmantes.
Para comprender este fenómeno, resulta pertinente recurrir a la teoría de la “captura del Estado” desarrollada por autores como Thomas Palley y Joseph Stiglitz. Esta teoría describe cómo actores privados con poder económico logran influir en decisiones públicas, moldeando instituciones a su favor. En este caso, su vínculo con Rodolfo Negri —empresario de la salud con millonarios contratos estatales y esposo de la senadora— sugiere una forma de representación política que no emana de la ciudadanía, sino de intereses corporativos. La candidatura de Arrascaeta parece responder más a una lógica patrimonialista que a una vocación pública.
La falta de militancia, de presencia territorial y de construcción política previa en Villa Mercedes refuerza esta hipótesis. En términos de Pierre Bourdieu, podríamos decir que Arrascaeta accede al campo político no por acumulación de capital simbólico (prestigio, reconocimiento, trayectoria), sino por capital económico transferido por su entorno. Esto distorsiona el principio de representación democrática, convirtiendo el cargo en una extensión del poder privado. La política deja de ser un espacio de deliberación pública para convertirse en una herramienta de blindaje empresarial.
El voto de Arrascaeta en contra de la emergencia en discapacidad no solo fue un acto legislativo, sino un gesto que desnudó esta arquitectura de poder. La comunidad mercedina, al verse afectada por la decisión, comenzó a interrogarse sobre quién ocupa realmente los espacios de poder y bajo qué legitimidad. La indignación social no se dirigió únicamente al contenido del voto, sino a la revelación de una senadora que hasta entonces había permanecido en las sombras, sin contacto con la ciudadanía ni rendición de cuentas.
Este caso interpela el sistema político provincial y nacional, obligando a repensar los mecanismos de selección de candidatos y la relación entre dinero, poder y representación. Esto se profundiza más si tenemos en cuenta las denuncias y sospechas acerca de la venta de candidaturas de La Libertad Avanza en todo el país.
Si la democracia ha de sostenerse como un sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entonces figuras como la de Arrascaeta deben ser objeto de escrutinio público y académico. La política no puede ser un privilegio heredado ni una franquicia empresarial: debe ser una práctica de compromiso, transparencia y responsabilidad.
