Acosta, quien viajaba de regreso a Buenos Aires después de comprar los envases de talco en Mendoza, fue acusado de transportar supuesta droga y estuvo detenido durante 21 días hasta que las pruebas finales demostraron su inocencia.

La detención de Acosta se basó en un test de campo preliminar que resultó positivo para cocaína. Con estos resultados, la fiscal María André imputó a Acosta por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el operativo y aseguró que “la seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes”, lo que luego resultó ser una celebración prematura.

Acosta fue trasladado a la Unidad 32 de Tribunales Federales y, posteriormente, al penal federal de Cacheuta. En ese tiempo, vivió duros momentos, perdió pertenencias y no recibió explicaciones ni disculpas oficiales. Su liberación llegó cuando el juez Alberto Carelli dictaminó su sobreseimiento, después de que peritajes más exhaustivos comprobaran que el polvo blanco era solo talco. El caso deja al descubierto las falencias en los procedimientos de verificación de sustancias y cuestiona la confiabilidad de los tests preliminares que, en ocasiones, generan consecuencias devastadoras para personas inocentes.

Este episodio no es un caso aislado. Hace pocos meses en Villa Mercedes, otro hombre pasó casi un mes preso por un error similar. Ambos incidentes exponen la necesidad de protocolos más rigurosos en los operativos de seguridad y muestran los peligros de celebraciones públicas antes de que las pruebas científicas avalen las acusaciones.