Esta modificación permitirá que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de contratar a personas que formen parte del plan de Inclusión Social y que ya estén desempeñando funciones en diversos organismos y establecimientos públicos.

Según los legisladores del partido justicialista (PJ), esta modificación busca atender la necesidad de incorporar personal en el Estado debido a su crecimiento. Se estima que alrededor de 6,700 trabajadores beneficiarios del programa de Inclusión podrían ser favorecidos por esta modificación.

El senador Daniel Camilli, quien presentó la propuesta, enfatizó la importancia de dar prioridad a las personas que forman parte del Plan de Inclusión Social y que ya están trabajando en diferentes instituciones públicas, como centros de salud, escuelas y Seguridad Comunitaria.

La votación en el Senado culminó con un resultado de 6 votos a favor y 3 en contra. Tres senadores de la oposición intentaron bloquear la modificación.

Esta modificación en la Ley de Presupuesto 2023 ahora será analizada y debatida en la Cámara de Diputados de San Luis.