Pedir sabiduría a un gobierno, parece una utopía. Pero, ¿acaso no hay más utopía en los sueños irrealizables, como los que proponen, prometen y casi nunca cumplen los gobiernos que se suceden uno tras otro o el mismo? Sin embargo, como la hierba que vuelve a crecer y se renueva, la gente vuelve a votar un sueño. Así es la esperanza de la población.
En realidad, se espera un gobierno lo menos opresivo posible, y que ofrezca mejores oportunidades para vivir bien, progresar y concretar esos sueños. Si respondiera a la utopía, estableciendo y asegurando las condiciones para una convivencia social racional y saludable, permitiría el desarrollo de las personas, de sus valores y de la cultura a la que pertenece, amén del bienestar económico.
Lo más básico, que el gobierno vea y escuche las necesidades, demandas y problemáticas actuando en consecuencia. Resolverlas, no huir de ellas. Siempre la población es la que demanda. Es lo que muchos políticos y ciudadanos olvidan o ignoran, de que a la población le pertenece ese derecho, y además, de participar, gobernar y ser gobernada con ecuanimidad.
Ello implica Democracia; amplia, plena, inclusiva y pluralista. Con Políticas de Estado consensuadas o concertadas con todos los sectores y aún los de opiniones e ideología diferentes, único sentido real de una Política de Estado. Se gobierna con todos y para todos.
Pero, lamentablemente, muchos políticos olvidan que la población puede producir serios cambios institucionales y sociales de envergadura si la crisis generada es social y llega a profundizarse, lo que redunda en crisis política. Esta crisis de hoy es de los políticos y de la Política, y no de la población; porque ambos polos opuestos del aparente enfrentamiento de la actual y supuesta polarización en San Luis, deja afuera a la población. La deja sin opciones. La crisis real es social, por necesidades básicas no satisfechas y la ausencia de medidas del Gobierno provincial y de propuestas creíbles de la oposición política para solucionarlas. Si esta crisis social se profundiza, indudablemente que afectaría a la gobernabilidad, tal como sucedió en el 2004 con la huelga docente, conculcada finalmente por el Gobierno con la burocracia del sindicalismo.
No se puede ocultar con un barniz de participación -juvenil y de militancia conservadora- necesidades, demandas y problemáticas urgentes que son parte del descalabro económico heredado del gobierno nacional anterior, y que en San Luis también se siente y sufre, especialmente en los sectores humildes, y que para la mayoría de las clases sociales de la provincia se expresa en el precio de los alimentos, de la energía, de las comunicaciones, de los alquileres, de los impuestos municipales y provinciales establecidos arbitrariamente, sin consulta popular, y con leyes provinciales como las que perjudican a los trabajadores del Plan de Inclusión, legalizando la injusticia a los más pobres, o el manejo discrecional del presupuesto provincial en obras públicas no sentidas, mientras se soslayan urgencias de estímulo a la producción, a los servicios, al comercio y a la economía social, evitando la generación de trabajo genuino y de una economía provincial sustentable a través de intervenciones gubernamentales para subvertir la crisis, tal como hacen otras provincias. Ni hablar del déficit habitacional y de la crisis alimentaria.
No se gobierna sin una política racional de gobierno, y que mantenga, la racionalidad de Políticas Públicas desde las cuales la población participe. Porque no se gobierna con la tribuna ni con el engaño a la participación del llamado Consejo Económico Social con fines puramente electorales y sin Políticas de Estado consensuadas, que realmente sean parte de un plan de progreso y bienestar, basado en acuerdos con productores, comerciantes y de la industria para promover la economía social, controles y subsidios a productos básicos de la canasta y para la generación de trabajo.
Tampoco se puede esperar que la solución sea un cambio de gobierno si la oposición local permanece aliada al neoliberalismo porteño como apalancamiento electoral, olvidando que la ciudad más rica del país se lleva una buena parte de la coparticipación federal, y San Luis no es ajena a esa exacción.
El deber de toda oposición es exigir y acordar una gestión racional de gobierno, y no sólo como parte que es del gobierno, sino como auditora permanente con la población de la gestión del oficialismo. Pero eso no ha sucedido. En San Luis, con esas expectativas, estarían en el mismo plano gobierno y oposición. Si el pueblo de la provincia no construye opciones realistas, estos bandos que no lo representan de ningún modo llevarán a cabo una gestión racional. Persistirán, más allá de las ideologías que les subyacen, las emociones y pasiones encontradas, cuyas consecuencias sufrirá el pueblo de San Luis. Porque no son buenos los extremos de uno y de otro lado, y sobre todo porque no son coherentes con un pensamiento verdaderamente de servicio y popular.
