Escuelas autogestionadas bajo fuego cruzado: ¿saneamiento real o avance del control político?
La reciente intervención a la Asociación Civil Educación Knowledge Innovation, de Villa Mercedes, volvió a encender las alarmas sobre el futuro de las escuelas autogestionadas en San Luis. El caso, que involucra a la Escuela Autogestionada N.º 10 “Maestro Escultor Vicente Lucero”, desnuda una trama de denuncias por manejo discrecional de fondos, sueldos millonarios, amiguismos y falta de controles efectivos.
Antecedentes: conflictos y resistencias
Desde el inicio de la actual gestión provincial, las escuelas autogestionadas quedaron bajo la lupa oficial. La estrategia gubernamental buscó intervenir asociaciones que administran estos espacios, con la intención —según denuncian docentes y familias— de alinear su conducción a las prioridades ideológicas del oficialismo.
Los primeros intentos de intervención se toparon con una fuerte resistencia. En abril de 2024, el Gobierno debió frenar el avance sobre la Escuela Generativa Por un Mañana Mejor, tras el rechazo de padres, tutores y docentes, que rechazaron el traslado compulsivo de casi 90 alumnos y la designación de autoridades “a dedo”. Situaciones similares se repitieron en las escuelas generativas de Merlo, Serranías Puntanas (ex Luis Lusquiños) y Etude L’Art Ballet.
El caso Vicente Lucero: denuncias y una intervención exprés
El último capítulo se conoció a través del Boletín Oficial, con la publicación de la Resolución N.º 310-DPJ-2025, que dispuso la intervención de la asociación civil que tenía bajo su órbita a la escuela “Vicente Lucero”.
La medida llegó luego de la renuncia de la comisión directiva y un cúmulo de denuncias: aumentos arbitrarios, falta de documentación, negligencia en la seguridad de los alumnos y sueldos exorbitantes, que —según trascendidos— habrían rondado entre los $3 millones y $10 millones para algunos directivos. También se mencionan lazos de parentesco y favoritismo en la designación de cargos.
El Gobierno designó delegados para sanear la institución en un plazo de 15 días, prorrogables. Sin embargo, persisten las dudas: muchas de las decisiones cuestionadas habían sido avaladas por la Dirección de Personerías Jurídicas, lo que expone la falta de controles previos y una aparente complicidad oficial.
Los grandes perdedores: alumnos y docentes
Mientras los escándalos se multiplican en los escritorios y pasillos de poder, los principales perjudicados son los estudiantes y docentes. Los alumnos atraviesan una situación de incertidumbre educativa, sin garantías claras sobre la continuidad de su formación.
Los docentes, por su parte, trabajan en un contexto de salarios licuados, precarización laboral y persecuciones ideológicas, con el miedo constante a despidos arbitrarios. Muchos aseguran que la vocación se ve golpeada por un sistema que los presiona al máximo sin dar respuestas a sus reclamos.
Una pregunta de fondo
La intervención reabre un debate crucial: ¿las medidas buscan realmente sanear las irregularidades o se trata de un plan de control político y disciplinamiento institucional?
En un escenario donde las escuelas autogestionadas representan alternativas educativas valiosas, el desafío parece ser garantizar transparencia, estabilidad y calidad educativa, sin convertirlas en botín de disputas partidarias.
Por ahora, la única certeza es que la educación de miles de chicos sanluiseños pende de un hilo.
