Previsional: la mayoría de los casos que llegan a la Corte son demandas contra ANSES
Casi el 70 por ciento de los expedientes ingresados durante 2024 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) corresponden a causas previsionales, según datos de la Dirección de la Oficina de Estadística del máximo tribunal. De ese total, cerca del 75 por ciento involucra a ANSES como parte interviniente.
“Todos los conflictos de la política previsional se dirimen en la Justicia”, lamentó la abogada previsionalista María Silvia Rapisarda, quien explicó que los beneficiarios se ven obligados a acudir a los tribunales para lograr la recomposición de sus haberes, frente al incumplimiento de las obligaciones estatales.
El informe, elaborado por la doctora en Ciencias Políticas Andrea Castagnola, expone el funcionamiento de un sistema judicial saturado y una política previsional que delega en la Justicia la resolución de derechos básicos.
Desde el año 2005, la Corte fijó una doctrina clara sobre la materia: las jubilaciones deben sustituir al salario en actividad y mantener una proporción razonable con él. “No pueden usarse las jubilaciones para cubrir un déficit ni recortarlas con fines fiscales”, recordó Rapisarda. También subrayó que el Estado debe garantizar el derecho a una vida digna, lo que implica no solo alimentación, sino también vivienda, salud y recreación.
Pese a esa jurisprudencia, ANSES continúa apelando sistemáticamente las sentencias desfavorables, extendiendo los procesos hasta la instancia final. “Eso significa una dilación en el proceso, tiempo que hay que esperar para cobrar lo que le corresponde”, explicó la abogada. En San Luis, según detalló, una causa previsional puede demorar alrededor de tres años desde la primera presentación hasta la resolución definitiva.
Los datos muestran además que, de 6.717 casos previsionales resueltos en 2024, la Corte solo admitió 380 (6%) y declaró inadmisibles 6.334 (94%), al no encontrar un “agravio federal suficiente”.
Rapisarda sostuvo que estos conflictos deberían resolverse desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, y no judicializarse. “Hoy la mayoría de las jubilaciones están mal liquidadas, diría el 90%, pero el que no hace el reclamo no obtiene una recomposición”, concluyó.
