San Luis: aprueban exenciones impositivas bajo sospecha de favorecer a una cadena de supermercados
El Concejo Deliberante de San Luis aprobó esta semana una ordenanza que otorga amplias exenciones impositivas a comercios que inicien actividades, amplíen su infraestructura o realicen mejoras edilicias. La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo Municipal y defendida como una medida para “impulsar el desarrollo económico local”, generó una fuerte polémica: desde la oposición aseguran que la normativa “tiene nombre y apellido” y que los principales beneficiados serían grandes cadenas de supermercados.
El concejal justicialista Andrés Russo, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sostuvo que el texto está diseñado para beneficiar a una firma que instalará un nuevo mayorista sobre la Ruta 3. “Nos empezaron a llamar grandes comercios para exigirnos que saquemos la ordenanza. Hicieron una categorización por corredores, no por zonas, y pusieron beneficios para los que se ubiquen sobre la Ruta 3”, denunció.
Beneficios sin límites claros
La ordenanza establece la exención total del derecho de construcción y otros beneficios temporales para quienes inviertan en mejoras edilicias, aunque no especifica qué tasas municipales estarán alcanzadas. Para Russo, esta omisión deja la aplicación a discreción del intendente Gastón Hissa.
“Cuando se exime, hay que hacer referencia a un artículo específico de la ordenanza tarifaria. Este proyecto no lo establece, y eso abre la puerta a que el beneficio sea discrecional”, advirtió.
Un alivio… pero no para todos
Si bien el edil afirmó que apoya medidas que reduzcan la carga fiscal sobre el sector comercial —especialmente tras el tarifazo del 600% aplicado por el Ejecutivo el año pasado—, aclaró que su bloque intentó modificar la redacción para que los beneficios alcancen a todos los rubros, sin distinciones arbitrarias.
“Queríamos que la exención sea para todos los comercios de la ciudad, sin importar su ubicación o categoría, pero no hubo voluntad de modificarlo”, lamentó Russo.
Con la aprobación de la ordenanza, el intendente tendrá vía libre para decidir qué proyectos recibirán la exención total y por cuánto tiempo, lo que para la oposición configura un “cheque en blanco” que podría favorecer a empresas puntuales en detrimento de la competencia.
