Ordenanza bajo sospecha: denuncian que la Intendencia tendrá “cheque en blanco” para exenciones impositivas
Una normativa aprobada esta semana en el Concejo Deliberante generó fuertes críticas por la presunta discrecionalidad con la que el Ejecutivo podría otorgar beneficios fiscales a comerciantes. Aunque el proyecto oficialista promete “impulsar el desarrollo económico”, en la oposición lo vinculan a la posible llegada de Carrefour y advierten que favorece a grandes empresas antes que a pequeños comercios.
La ordenanza, impulsada por el Ejecutivo municipal y defendida en el recinto por la concejala Micaela Medina, establece la exención total del derecho de construcción, tasas municipales y cánones de cartelería a quienes inicien, amplíen o refaccionen sus locales. Según Medina, se busca “generar oportunidades, acompañar a quienes emprenden y reactivar la economía local”.
Sin embargo, el texto aprobado incluye un artículo que, según opositores, deja abierta la posibilidad de otorgar beneficios “a dedo”, dependiendo “de la cara del cliente”.
El fantasma del “proyecto Carrefour”
La polémica creció porque, en junio, trascendió que la multinacional Carrefour planeaba instalar una nueva sucursal en la provincia bajo el formato “Carrefour Maxi”, sobre Ruta 3. Aunque a nivel nacional circuló la versión de que la empresa podría retirarse del país, en San Luis se habla de una importante inversión que llegaría en su lugar.
El concejal Alejandro Cordido (PJ) fue directo en el recinto: “¿Se trata del proyecto Carrefour?”. Y agregó: “Esta normativa le permite al intendente hacer lo que quiera, como quiera y sin marco regulatorio. Actúa como un monarca, lo más antidemocrático que hay”.
Cordido también cuestionó la zonificación prevista en el anexo de la ordenanza, donde los ejes comerciales destacados coinciden con áreas aptas para grandes superficies. “Si pensara en el pequeño comerciante, modificaría la tarifaria. Esto está diagramado para ‘un grande’. Podría ser Carrefour o cualquiera que lo reemplace”, sostuvo.
Pedido de cambios y advertencias
Desde el bloque justicialista, el concejal Andrés Russo presentó un despacho por minoría pidiendo modificar el artículo 2, para que el beneficio abarque a todos los comercios, no solo a los alcanzados por definiciones vagas. Si bien respaldó la idea general, dijo que “la redacción actual habilita beneficios discrecionales” y reclamó “precisión con la tarifaria en mano”.
Cordido fue más allá: “Si Carrefour se instala, ¿gozará retroactivamente de todo lo que le debe al Municipio? ¿Y Easy o Vea? Esto tiene nombre y apellido, pero el problema es la mentira”.
La oposición también cuestionó que el proyecto se haya aprobado sin un estudio previo de impacto económico y sin criterios objetivos para otorgar las exenciones.
El punto caliente
La disputa gira en torno a quién tendrá la “lapicera” para decidir qué comercios serán beneficiados y en qué condiciones. Para Cordido y Russo, si la intención real fuera ayudar a todos los comerciantes afectados por el fuerte aumento de tasas del año pasado (cerca del 600%), bastaría con aprobar la modificación que propuso Russo.
Mientras tanto, la ordenanza ya está vigente y, para la oposición, la puerta queda abierta a que el Ejecutivo use esta herramienta para favorecer a empresas concretas.
