Transferencia errónea de $90 millones desata un nuevo escándalo en San Luis
Es la tercera operación irregular con fondos públicos en dos meses. El Gobierno evitó dar precisiones y no se informó si hubo denuncia penal. La noticia tuvo amplia repercusión nacional.
El Gobierno de San Luis volvió a quedar envuelto en una polémica de alcance nacional luego de que se conociera una nueva transferencia errónea de fondos públicos, esta vez por $90 millones. La operación, que habría sido reconocida en off por fuentes del Ejecutivo, no fue comunicada oficialmente, y tampoco se informó si hubo una denuncia penal ni si intervino la Fiscalía de Estado.
A pesar de los intentos por minimizar el hecho, la noticia fue replicada por medios nacionales como C5N, Filo News, Diario El Debate, Que Pasa Salta y La Voz de Jujuy, lo que desnudó la estrategia del oficialismo de manejar el caso con absoluto hermetismo.
El contraste con otros casos y el silencio oficial
El episodio generó indignación y sorpresa por la ausencia de respuestas públicas claras. A diferencia del caso de Verónica Acosta, quien recibió por error una transferencia de $510 millones y fue rápidamente señalada por el propio Gobierno —que activó todos los mecanismos judiciales disponibles—, en este nuevo hecho no hubo ninguna acción visible de similar contundencia.
“El objetivo fue evitar otro escándalo y salir del paso sin ruido”, reconoció en reserva una fuente ligada al oficialismo. El manejo discrecional y la doble vara generaron sospechas sobre la real voluntad del Ejecutivo de actuar con firmeza frente a todos los hechos que comprometen fondos estatales.
¿Y la acción penal?
Más allá de la eventual recuperación del dinero, el error administrativo no se agota en una devolución. El Código Penal contempla responsabilidades por malversación o administración fraudulenta, y la acción judicial no se extingue automáticamente por resarcimiento. El silencio institucional alimenta las dudas sobre el grado de involucramiento político y administrativo en estas maniobras.
Esta es la tercera transferencia errónea denunciada en lo que va del año. En mayo, se conocieron dos operaciones similares por $510 millones y $110 millones, que también generaron repercusiones mediáticas, aunque ninguna fue explicada en profundidad por el Gobierno.
Una crisis de transparencia
El caso representa un nuevo golpe para una administración que suele jactarse de su eficiencia y transparencia en la gestión pública, pero que, en la práctica, exhibe un preocupante nivel de improvisación, errores administrativos y una estrategia comunicacional basada en el ocultamiento.
La falta de respuestas no solo deteriora la credibilidad institucional, sino que deja un interrogante abierto sobre quiénes son los responsables de estas transferencias indebidas y qué controles existen para evitar que se repitan.
