Nuevas evidencias profundizan las sospechas sobre Víctor Endeiza en el caso “El Caburé”
La investigación por la desaparición y venta irregular del maíz producido en el campo conocido como El Caburé sumó en las últimas horas un conjunto de pruebas que complica aún más la situación de Víctor Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y, en aquel momento, Fiscal de Estado.
Chats, documentos y testimonios incorporados al expediente revelan que Endeiza habría estado al tanto del plan para cosechar y comercializar el maíz valuado en más de dos millones de dólares, una operación que según los denunciantes se realizó sin registros formales y por fuera de los mecanismos administrativos obligatorios.
Entre las pruebas figura un intercambio de mensajes entre Endeiza y el exfuncionario Darío Oviedo Helfenberger. En esas conversaciones se detalla la logística de la cosecha, la disposición de maquinaria, la participación de trabajadores y un borrador de acuerdo para distribuir parte del producido. Endeiza respondió con validaciones explícitas, lo que para los investigadores demuestra que no solo conocía la maniobra, sino que habría dado su aval para ejecutarla.
También se analiza un diálogo en el que Oviedo plantea que el pago del trabajo rural podría concretarse con kilos de maíz en lugar de dinero, y otro pasaje donde afirma que estaba dispuesto a enfrentar una denuncia penal con tal de “defender los bienes del Estado”. En paralelo, Endeiza habría indicado cómo respaldar legalmente la operación y qué argumentos utilizar para justificar la intervención del Estado en ese predio.
La causa, que comenzó con una denuncia por hurto calificado, abuso de autoridad y encubrimiento, tomó mayor dimensión cuando salió a la luz que no existen cartas de porte, facturación ni documentación que respalde el movimiento de miles de toneladas de grano. Esta ausencia de registros es uno de los puntos más sensibles de la investigación, ya que dificulta determinar el destino final de la producción.
Oviedo, pieza central del caso, declaró ante la Justicia señalando que la decisión de cosechar fue impulsada desde la Secretaría de Ética Pública y que todo se realizó con conocimiento y aprobación del entonces Fiscal de Estado. Su declaración, sumada a los chats incorporados, dejó al descubierto una cadena de responsabilidades que los fiscales intentan desentrañar.
Mientras avanza la pesquisa, crece la exigencia política y social de que se esclarezca qué ocurrió con los millones que generó la cosecha. La causa continúa abierta y con medidas en curso, y no se descartan nuevas imputaciones a medida que se incorporen más pruebas.
