“Después de 20 años no es justicia”: crece el repudio por la detención de Freixes
Un amplio grupo de dirigentes políticos, referentes sociales, militantes y amigos de Sergio Freixes difundió un documento en el que cuestiona con dureza su detención y denuncia que su condena responde a una persecución política. El pronunciamiento pide explicaciones oficiales y exige al gobierno provincial que frene lo que consideran un “uso abusivo del poder estatal”.
Los firmantes aseguran que la causa contra Freixes no representa una búsqueda auténtica de justicia, sino un mecanismo de hostigamiento institucional provocado por desavenencias políticas. Señalan que tras décadas de silencio judicial, la causa fue reactivada en un contexto de cambios de poder, lo que pone en duda la imparcialidad del procedimiento. Según el documento: “una condena que llega veinte años después, en coincidencia con un clima de escarnio mediático y persecución, deja claro que no se trata de justicia, sino de un castigo político”.
En ese marco, critican especialmente la filtración de imágenes del exfuncionario al ingresar al penal: lo interpretan como un acto de humillación pública, una maniobra destinada a estigmatizarlo y a condicionar la opinión pública. Insisten en que ese tipo de “exhibición” no se aplica ni siquiera a presos peligrosos, lo que evidenciaría que el trato diferencial corresponde a una decisión con fines políticos, no judiciales.
El documento reclama que se investigue la cadena de responsabilidad detrás de la filtración —desde las autoridades del penal hasta posibles funcionarios responsables— y exige que se garantice el derecho al debido proceso y a un trato digno. Además, solicitan al gobernador provincial una intervención urgente: que se garantice la transparencia del Estado, el respeto por las garantías constitucionales y el fin de la “persecución institucional”.
Para muchos en la provincia, esta movilización simboliza algo más que un apoyo: representa una alerta sobre cómo se utilizan los mecanismos judiciales y mediáticos cuando se trata de adversarios políticos. El efecto de esta denuncia puede marcar un antes y un después en la manera en que se entienden los procesos judiciales de alto perfil en la provincia.
