Denuncian maltrato laboral, irregularidades y desvinculaciones encubiertas en la Escuela Pública Autogestionada Nº 10 «Maestro Escultor Vicente Lucero»,
La escuela Vicente Lucero atraviesa una profunda crisis institucional que quedó expuesta tras una serie de reclamos y denuncias que partieron de docentes, familias y ex trabajadores. Según quienes conocen la situación, en los últimos meses se agudizaron conflictos internos que incluyen presuntas irregularidades administrativas, maltrato laboral y despidos encubiertos bajo diversas maniobras que habrían afectado tanto el clima de trabajo como la convivencia educativa.
Voceros vinculados a la comunidad educativa señalaron que el conflicto comenzó con decisiones tomadas por la dirección de la escuela que, a su entender, se realizaron sin consulta ni consenso previo, generando tensiones con parte del plantel docente. Varias personas relataron que, tras expresar inquietudes o cuestionar determinadas prácticas, fueron desplazadas de sus cargos o desvinculadas del establecimiento en circunstancias que muchos describen como poco transparentes y arbitrarias. Estas acciones, afirmaron, no solo impactaron en la carrera profesional de quienes se vieron afectados, sino también en la dinámica institucional y en la percepción de justicia dentro del ámbito escolar.
Familias de alumnos también expresaron su preocupación por el impacto que esta situación tiene en el ambiente educativo. Comentaron que la escuela, que siempre fue considerada un espacio de referencia en la comunidad, ahora vive un clima de incertidumbre que repercute en proyectos pedagógicos, actividades cotidianas y la tranquilidad de quienes forman parte de la institución. Para muchos padres, la falta de claridad sobre las decisiones internas y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades educativas intensifican la sensación de desorden y desprotección.
Las denuncias de irregularidades incluyen señalamientos sobre la asignación de tareas, evaluaciones de desempeño sin criterios claros y decisiones administrativas que habrían sido tomadas sin la debida participación de los actores involucrados. Desde la comunidad educativa, varios docentes y ex trabajadores sostienen que estas prácticas no solo deterioran el clima laboral, sino que también comprometen la calidad de la enseñanza y la atención a los estudiantes.
Ante esta situación, las voces críticas reclamaron una intervención más efectiva de los organismos educativos correspondientes para investigar lo ocurrido, restablecer condiciones de trabajo justas y asegurar un ambiente saludable para docentes, no docentes y alumnos. En paralelo, quienes fueron desplazados buscan amparos legales y mecanismos formales para defender sus derechos laborales y que se revisen las decisiones que, según dijeron, carecieron de fundamentos sólidos.
La crisis en la escuela Vicente Lucero se suma a debates más amplios sobre gestión educativa, transparencia institucional y protección de derechos dentro de los establecimientos escolares. A la espera de definiciones oficiales y posibles acciones de mediación o supervisión, la comunidad educativa continúa reclamando claridad, equidad y un compromiso real con la mejora del funcionamiento de la escuela en beneficio de toda su comunidad.
