El Gobierno se Compromete a Cumplir con el Fallo sobre Financiamiento Universitario, Aunque Apelará ante la Corte Suprema
Tras varios meses de tensión, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó esta mañana la apelación del gobierno nacional, ratificando la medida cautelar que exige la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Fuentes oficiales han confirmado a este medio que acatarán el fallo, aunque el Ejecutivo se dispone a apelar la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Desde el equipo jurídico del Poder Ejecutivo se ha anunciado que la intención será cumplir con el fallo, pero de manera discrecional, ya que los fondos para afrontar estos aumentos no están contemplados en el Presupuesto 2026, aprobado con el apoyo de gobernadores aliados. Así, al igual que con la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Estado cumplirá parcialmente con la ley, asegurando solo los pagos mínimos necesarios para evitar una situación de incumplimiento, aunque se adelantó que los montos no serán los estipulados en la norma.
En cuanto a la estrategia legal, se advirtió que el oficialismo mantendrá el reclamo “hasta la última etapa”. En este sentido, se presentará en los próximos días un Recurso Extraordinario Federal para solicitar a la Corte Suprema que revise la sentencia emitida por el tribunal. Este movimiento permite al oficialismo dilatar la discusión y, por ende, evitar la entrega inmediata de los recursos previstos en la ley sancionada recientemente.
El conflicto universitario no es algo nuevo. Tras la aprobación de la ley presupuestaria, Javier Milei intentó vetarla, pero el Congreso logró los votos necesarios para insistir en su reglamentación. Ante esta situación, el Ejecutivo decidió suspender unilateralmente la aplicación de la ley 27.795 mediante el Decreto 759/2025, argumentando que las modificaciones que en ella se introducen impactan negativamente en el financiamiento de las universidades públicas.
En la misma normativa publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre, el Gobierno advertía que los legisladores no especificaron el origen de los fondos para cumplir con el aumento y que la implementación de esta ley generaría un desequilibrio en las cuentas, lo que motivó al oficialismo a descartar su aplicación. Esta decisión llevó al Consejo Interuniversitario Nacional a interponer un recurso de amparo colectivo, cuestionando la constitucionalidad de la medida del Ejecutivo.
En la instancia inicial, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dio lugar al reclamo y suspendió el decreto. Como es habitual en estas circunstancias, el Gobierno apeló y la causa continuó en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que esta mañana también se pronunció en contra de la decisión del Estado nacional.
Fuente: C5N
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