La minería como pilar del modelo libertario: solo se crearon 55 empleos formales.
El Gobierno de Javier Milei continúa promoviendo la minería como un pilar fundamental de su modelo económico, sin embargo, un análisis de los datos oficiales correspondientes a mayo de 2026 revela que el sector apenas generó 55 puestos de trabajo en todo el país. En contraste, la industria manufacturera experimentó una pérdida de 15.139 empleos, el comercio disminuyó en 13.488 y las actividades administrativas sufrieron una reducción de 11.050 puestos. En total, se registró una pérdida de 70.217 empleos, según un informe del CEPA basado en información de la Secretaría de Trabajo.
Este limitado aporte a la creación de empleo contrasta con el creciente proceso de inversión en el sector minero, el cual está diseñado para una generación de riqueza intensiva en capital, pero no en mano de obra. Aunque la minería está destinada a atraer inversiones, su impacto en el mercado laboral formal es prácticamente nulo. Todas las actividades económicas que históricamente han generado empleo, como la industria, el comercio y la construcción, se encuentran en una trayectoria descendente, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo cada mes.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha acelerado el extractivismo en la minería, con 41 iniciativas en desarrollo que representan una inversión total de 140.929 millones de dólares, aunque casi el 80% de este monto se encuentra aún en evaluación.
Los beneficios fiscales para los inversores extranjeros son significativos, ya que los proyectos mineros aprobados gozan de una tasa reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias y están completamente exentos de derechos de exportación a partir del tercer año. Además, no están sujetos a aranceles de importación, lo que promueve un modelo extractivista que no se traduce en empleo genuino para la población argentina.
La controversia también se extiende a la calidad del empleo generado por estos megaproyectos. Recientemente, la adjudicación del campamento Batidero para el megaproyecto de cobre Vicuña, ubicado en San Juan, ha levantado críticas en el sector local. El consorcio encabezado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., ganó el contrato para importar desde China una ciudad modular para alojar a trabajadores mineros.
Esta decisión ha suscitado un fuerte rechazo entre los sectores industriales y empresariales locales, quienes alertan sobre la posible destrucción de puestos de trabajo y la disminución de oportunidades para proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más importantes del país. Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, ha explicado que fabricar los módulos en Argentina cuesta 1.300 dólares por metro cuadrado, frente a aproximadamente 700 dólares si se producen en China, lo que podría haber generado al menos 400 empleos directos en el país, en contraste con los 50 empleos necesarios para la logística y montaje de los módulos importados.
El megaproyecto Vicuña, promovido por Lundin Mining y BHP, se plantea como el desarrollo minero más significativo en la historia argentina, con una inversión proyectada de 18.000 millones de dólares hasta el año 2040. La primera etapa de este proyecto requiere 7.000 millones de dólares para su construcción y puesta en marcha, incluyendo la expansión hacia el depósito Filo del Sol. El objetivo es posicionar a Argentina como uno de los principales exportadores de cobre, alcanzando 400.000 toneladas anuales durante un periodo de veinticinco años. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cuánto de esta riqueza permanecerá en el país en forma de empleo formal y cuánto se destinará a importaciones y remesas de utilidades, en un modelo que parece orientado a la explotación de recursos y no al desarrollo del tejido productivo y laboral argentino.
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