Abogados advierten que la reducción de la feria judicial podría violar derechos procesales
Los presidentes de los colegios de abogados de la provincia manifestaron su rechazo al proyecto de ley que propone reducir la duración de la feria judicial. Según señalaron, la iniciativa parte de una “presunción” sobre el funcionamiento del sistema que no está fundamentada y podría generar un serio deterioro en el servicio de justicia.
El Dr. Gabriel Alessandro, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores, declaró que la feria judicial cumple una función clave para el ordenamiento de los tribunales, ya que durante ese periodo se concentran licencias, vacaciones del personal y reorganización interna. Advirtió que reducirla “sin diagnóstico serio” equivale a imponer una reforma sin base real.
A su vez, el Dr. César Ismael Bertrés, presidente del Colegio Forense, cuestionó que el proyecto haya sido presentado sin consulta previa a los colegios profesionales y sin considerar la opinión de quienes conocen el funcionamiento judicial a diario. También planteó que el Ejecutivo no puede sancionar una ley basada únicamente en la idea de que “cuantos más días hábiles, más causas se resuelven”, sin sustento técnico.
La resistencia de los abogados se articula en torno a tres ejes :
- Que la medida podría generar demoras adicionales y sobrecargar a los tribunales durante el año.
- Que violenta el principio de autonomía judicial, al modificar estructuras internas sin participación del Poder Judicial.
- Que impone una reforma normativa sin realizar previamente un análisis completo del impacto operativo, lo que podría incidir negativamente sobre los ciudadanos.
Desde los colegios se anticipó que, en caso de sancionarse la ley, buscarán acciones de amparo e incluso la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, por considerar que «no se puede sancionar una ley basada en una mera presunción».
El debate por la feria judicial abre así una discusión más amplia sobre cómo deben construirse las reformas al sistema de justicia provincial: con análisis técnico, participación de los actores afectados y garantía de eficiencia, en lugar de decisiones legislativas apresuradas.
