Advertencia sobre el bullying: castigar sin evaluación puede agravar el problema
La reciente decisión de sancionar económicamente o retirar beneficios escolares a alumnos acusados de acoso ha reavivado el debate en la comunidad educativa: un especialista en salud mental advierte que esas medidas —si se aplican sin una evaluación profesional adecuada— podrían poner en riesgo el bienestar psicológico de estudiantes, tanto víctimas como acusados.
Según este psicólogo, cuando un alumno es señalado por bullying, no alcanza con aplicar sanciones automáticas. Argumenta que el acoso escolar debe ser abordado como un problema complejo, en el que influyen factores emocionales, familiares o sociales, y no solo como una falta disciplinaria. Por ello, insistir en el castigo sin una consulta profesional puede ignorar necesidades psicológicas urgentes.
El profesional resalta también que muchas veces, los jóvenes acusados de acoso podrían tener antecedentes de vulnerabilidad, problemáticas personales, trastornos no detectados o dificultades emocionales. En esos casos, sancionarlos sin evaluación y sin ofrecer ayuda puede agravar su situación y fomentar un ambiente de rechazo o estigmatización.
Del otro lado, la víctima merece contención, escucha y acompañamiento psicológico, no solo acciones punitivas. El impacto del bullying —físico, verbal, psicológico o social— puede dejar secuelas profundas: ansiedad, baja autoestima, miedos, inseguridades, rechazo social, dificultad de integración, y en algunos casos, riesgos emocionales severos, de acuerdo con estudios recientes sobre el tema.
El especialista reclama así un enfoque más humano e integral: antes de castigar, propone implementar mecanismos de mediación, evaluación profesional, intervención terapéutica y acompañamiento psicológico, tanto para víctimas como para quienes ejercen acoso. Solo de ese modo —asegura— se podrá prevenir de verdad el daño emocional y social que tantas veces acompaña al acoso escolar.
Finalmente, advierte que convertir un programa educativo en un sistema sancionatorio sin considerar la salud mental de los estudiantes corre el riesgo de reproducir violencia institucional, perpetuar estigmas y desoír realidades individuales. Para él, la prioridad debe ser construir escuelas seguras, inclusivas y con políticas de contención, no solo castigos.
