Denuncian al Ministerio de Capital Humano por demoras en la entrega de alimentos a comedores
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron este martes una denuncia ante la Justicia para exigir el cumplimiento de la medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a garantizar la entrega de alimentos a comedores y merenderos. Además, solicitaron sanciones para la ministra Sandra Pettovello por las reiteradas demoras en cumplir con sus obligaciones.
Reclamos concretos
En un escrito de 11 páginas, los denunciantes exigieron medidas urgentes para evitar más dilaciones en la provisión de alimentos a:
- 66 comedores pertenecientes a la Asociación Civil «Amanecer de los Cartoneros».
- 54 comedores gestionados por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada.
- El comedor «Mártires Populares» de la Fundación Isla Maciel.
Detalles del documento
El escrito solicita que:
- Para la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada: Se intime al Ministerio a incorporar efectivamente sus 54 comedores en las políticas alimentarias vigentes, con sanciones diarias en caso de incumplimiento.
- Para Amanecer de los Cartoneros: Se apliquen sanciones retroactivas a la ministra Pettovello hasta que se cumpla con la entrega de alimentos.
- Para la Fundación Isla Maciel: Se transfieran de manera inmediata los fondos del programa «Alimentar Comunidad» al comedor «Mártires Populares».
Incumplimientos del Ministerio
Los denunciantes remarcaron que, pese a haber cumplido con todos los requisitos formales, incluidos registros en el RENACOM y la presentación de la documentación necesaria, las organizaciones afectadas no han recibido los recursos correspondientes.
En el caso de la Fundación Isla Maciel, aunque se entregó la tarjeta para acceder a los fondos, los recursos nunca fueron transferidos, afectando a las familias que dependen de este comedor para cubrir sus necesidades alimentarias.
Contexto y repercusiones
La falta de cumplimiento del Ministerio no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria de cientos de familias, sino que también genera incertidumbre en las organizaciones sociales que gestionan los comedores y merenderos.
El CELS y la UTEP exigen una respuesta inmediata por parte del Gobierno y advierten que continuarán con las acciones legales necesarias para garantizar que los derechos de las comunidades más vulnerables sean respetados.
