Dos implicados en la venta ilegal de terrenos en Villa Mercedes enfrentarán juicio por 32 presuntas estafas
La Justicia de Villa Mercedes ha decidido elevar a juicio oral la causa que investiga la presunta venta ilegal de terrenos en el barrio Familia Unida. Esta resolución fue tomada durante una audiencia de control de acusación en el Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.
La jueza Natalia Pereyra Cardini aceptó las pruebas presentadas por las partes y ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial para la designación del tribunal que llevará a cabo el debate.
La acusación se dirige contra Mayte Reyna del Portugal Escudero, imputada por 27 hechos de estafa reiterada en concurso real en calidad de coautora, y Luciano Pizarro Quiliman, acusado como autor de cinco hechos de defraudación simple en concurso real.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión para Escudero y 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Pizarro Quiliman.
Como agravantes, la Fiscalía citó la presunta organización de las maniobras, la participación de varias personas y la magnitud del perjuicio patrimonial a los afectados.
La investigación sostiene que Escudero celebró convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que no le pertenecían y cuya posesión no podía acreditar. Estos acuerdos se formalizaron con certificación de firmas ante una escribana.
Los terrenos en cuestión se sitúan en el barrio Familia Unida y abarcan aproximadamente 16 manzanas, las cuales, tras diversos procedimientos administrativos, fueron adquiridas por la Municipalidad de Villa Mercedes y cedidas al Gobierno de San Luis. Según la acusación, solo el Estado provincial está habilitado para realizar la escrituración.
La Fiscalía identificó que las operaciones implicaron montos variables y pagos en cuotas, calificando el perjuicio investigado como una defraudación millonaria.
En cuanto a Pizarro Quiliman, se alega que habría recibido transferencias de dinero vinculadas a algunas de las operaciones, que eran formalizadas por Escudero o por otra persona que, bajo orden de detención, tiene conexión con el acusado.
La acusación también menciona actuaciones en el ámbito civil que, según la Fiscalía, podrían estar relacionadas con la conducta investigada.
La elevación a juicio ocurre tras una revisión de la situación de libertad de Mayte Reyna del Portugal Escudero, que resultó en la orden de su detención.
En una audiencia anterior, el Juzgado de Garantía había dispuesto que la imputada continuara en libertad bajo medidas cautelares menos severas, como la prohibición de salir de San Luis, la obligación de presentarse cada 15 días y la prohibición de contacto con otros involucrados.
Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y la Querella. El tribunal, compuesto por Marcelo Bustamante Marone, María Moserrath Bocca y Hernán Herrera, concluyó que persisten los riesgos procesales y dispuso la detención inmediata de Escudero y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.
Entre los argumentos presentados se mencionaron posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación, actuaciones en el ámbito civil, cuestiones relativas a los domicilios informados y la complejidad del caso.
Con la apertura a juicio, el expediente queda a la espera del Colegio de Jueces, que deberá avanzar en la designación del tribunal y fijar la fecha del debate oral.
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