El Gobierno avanza en una reforma jubilatoria tras el veto a la ley de movilidad
El Gobierno nacional prepara una reforma jubilatoria de fondo mientras el proyecto de ley de movilidad, que contemplaba un aumento del 7,2% para los jubilados, quedó trunco luego de que la Cámara de Diputados ratificara el veto presidencial. “El veto fue ratificado por la Cámara de Diputados, por lo que este proyecto ya no se puede tratar durante el año”, explicó la abogada previsionalista María Silvia Rapisarda. La iniciativa vetada preveía un incremento del 7,2% en los haberes, la elevación del bono a 110.000 pesos con actualización automática por inflación y la regularización de moratorias y pagos atrasados. Según la especialista, los jubilados acumulan una pérdida del 21% al 24% entre 2021 y 2024, por lo que la ley buscaba atenuar la caída del poder adquisitivo. Sin embargo, el bono continuará congelado en 70.000 pesos y no se sumará al haber.
En paralelo, comienzan a trascender los lineamientos de la reforma que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. Entre los puntos principales figuran el aumento de la edad jubilatoria, la homogeneización de los regímenes especiales —como docentes, judiciales, minería, construcción e investigación—, la eliminación de las moratorias y la introducción de un esquema de jubilación proporcional, que permitiría acceder a un beneficio con un mínimo de 10 años de aportes, calculando el haber sobre la totalidad de la vida laboral. También se evalúa implementar un sistema de ahorro individual obligatorio, prohibir la percepción simultánea de jubilación y pensión, y avanzar en la adecuación de las cajas provinciales, con un esquema de financiamiento basado en recursos tributarios.
Rapisarda advirtió que quienes hoy reúnen requisitos en regímenes especiales deberían considerar iniciar el trámite sin demoras: “Si las personas están en un régimen especial y postergan su jubilación, mi consejo es que se jubilen hoy, porque los derechos adquiridos podrían cambiar”.
Al mismo tiempo, la abogada destacó la importancia de la ley de emergencia para personas con discapacidad, recientemente aprobada en Diputados y girada al Senado. La norma busca actualizar los pagos a prestadores para garantizar la continuidad de servicios de salud y educación, evitando la interrupción de tratamientos por falta de financiamiento. Rapisarda alertó que la demora en los pagos puede provocar crisis financieras en instituciones educativas y terapéuticas, pérdida de profesionales especializados y un impacto directo en la calidad de vida y el desarrollo de las personas con discapacidad.
Finalmente, la especialista puso el debate en un marco global. “El mundo enfrenta un envejecimiento poblacional y una menor población activa, lo que tensiona a los sistemas de seguridad social. En Argentina, el verdadero problema es la ausencia de reglas claras y sostenibles: los sistemas funcionan si el Estado garantiza rentabilidad y normas transparentes, evitando que los costos recaigan siempre sobre los jubilados actuales o futuros”, concluyó.
Contacto de la especialista: @estudiorapisardamiotti, teléfono 2665041432, Bolívar 1446, entre Constitución y Falucho.
