Escándalo por contratos VIP: ya son 199 los sueldos fuera de escala en el gobierno de San Luis
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno provincial duplicó en apenas siete meses la cantidad de contratos “fuera de escala”, una figura discrecional que permite designaciones políticas con sueldos millonarios, sin concurso, sin funciones claras ni ubicación administrativa conocida.
De acuerdo al secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, actualmente hay 199 personas contratadas bajo esta modalidad, cuando en diciembre de 2023 eran 99. “No sabemos quiénes son, ni qué hacen, ni dónde trabajan. No figuran en ningún organigrama público y muchos cobran más de 4 millones de pesos por mes”, denunció.
Estas designaciones, señaló Gatica, se concentran en Terrazas del Portezuelo, sede del Ejecutivo provincial, y no en el interior. La mayoría de los cargos responden a acuerdos políticos, lealtades partidarias o vínculos familiares, en clara contradicción con el discurso oficial de austeridad, transparencia y eficiencia del gobernador Claudio Poggi.
Además, estas contrataciones chocan directamente con el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el propio Poggi en diciembre del año pasado, que establecía el congelamiento de la planta del Estado.
Desde ATE advierten que se trata de un sistema paralelo, opaco y sin controles: “Son militantes rentados, pagos por lealtad política. Hay quienes ni siquiera pisan una oficina pública”, aseguran.
Uno de los casos que generó mayor indignación es el de Dulce Cali Piñeiro, hermana de una referente de Avanzar Joven, espacio aliado del poggismo. Según la denuncia, figura con contrato fuera de escala en la Secretaría de Comunicación, a cargo de Diego Masi, y sería parte del equipo que gestiona las redes sociales oficialistas, señaladas por su rol en campañas de ataques a la oposición.
“Hablan de casta pero reproducen lo peor de la política tradicional. Mientras ajustan a los trabajadores, congelan salarios y despiden personal, se multiplican los sueldos VIP”, expresó Gatica.
El contraste es evidente: mientras se recortan programas, se frena la obra pública y el salario estatal pierde poder adquisitivo, el Gobierno provincial destina millones a sostener un aparato político oculto, sin controles ni rendición de cuentas. Una práctica que, lejos de terminar con los privilegios, los profundiza.
