Grave crisis en EPA N° 10: denuncian malos manejos, hostigamiento y negligencia institucional
Trabajadores de la EPA N° 10 de Villa Mercedes denuncian una situación crítica en la escuela: acusan a la conducción de cometer irregularidades que afectan tanto al personal como a los alumnos, con consecuencias sobre la calidad educativa y la integridad institucional.
Según señalan los denunciantes, la gestión —vinculada al rector de la UPro, Rudy Cámera— privilegia a allegados, favoreciendo a familiares y colaboradores cercanos con designaciones de cargos, horas de trabajo y aumentos salariales arbitrarios. Mientras tanto, muchos docentes y no docentes denuncian inestabilidad laboral, retrasos en los pagos, presiones, amenazas y un ambiente de trabajo hostil.
Las acusaciones también alcanzan el manejo de fondos y recursos: los denunciantes aseguran que hay discrecionalidad total en la asignación de dinero, compras inconsultas, falta de transparencia y una práctica persistente de nepotismo. Además, dicen que algunas autoridades que pertenecían a la comisión anterior siguen cobrando sueldos sin cumplir funciones, aun cuando la institución fue intervenida recientemente por anomalías.
El conflicto tomó fuerza cuando un grupo de trabajadores difundió públicamente estas irregularidades, acompañadas por un video que —según ellos— prueba la situación. En medio del malestar, la comunidad de la escuela reclama ayuda a las familias, al barrio y a organismos de control para que intervengan y restablezcan un funcionamiento serio, transparente y orientado al bienestar de los alumnos.
Durante una reunión convocada por la comisión directiva de la escuela y representantes gremiales, los delegados denunciaron que el presidente designado –funcionario de la UPro– se comportó de manera agresiva, amenazando a los delegados y generando más tensión en lugar de ofrecer respuestas. Tampoco hubo explicaciones claras sobre los reclamos de los trabajadores.
Docentes y personal de la escuela advierten que la situación pone en riesgo el proyecto educativo: con contratos precarios, asignaciones arbitrarias y un clima de miedo, señalan que la educación se ve comprometida. Piden transparencia, una intervención efectiva de las autoridades educativas y el fin del clientelismo que, según denuncian, corroe la institución.
La comunidad restó credibilidad a la actual dirección y exige una nueva conducción basada en criterios pedagógicos, de equidad y respeto por los derechos laborales. Mientras tanto, muchos docentes evalúan denunciar formalmente —individual o colectivamente— lo que consideran una violación de sus derechos y del derecho a una educación de calidad.
