No a la baja de la edad de punibilidad: El rechazo social frente a una reforma que criminaliza la infancia
La Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia emitió un contundente documento dirigido a la Cámara de Diputados de la Nación. Denuncian que la reforma no responde a una emergencia real, sino a una «cortina de humo» mediática en un contexto de ajuste y desfinanciamiento de las políticas de protección integral.
En un escenario político marcado por el ajuste presupuestario y la reconfiguración del rol del Estado, el debate sobre la baja de la edad de punibilidad —establecida actualmente en los 16 años— vuelve al centro de la escena legislativa. Sin embargo, lo que se presenta desde sectores del Ejecutivo como una solución al problema de la inseguridad, es denunciado por cientos de organizaciones sociales, académicos y organismos de derechos humanos como un retroceso jurídico sin precedentes y una maniobra de distracción política.
Bajo la consigna «¡Ni un paso atrás!», la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia ha convocado a una recolección masiva de firmas para frenar el tratamiento de estos proyectos en sesiones extraordinarias. Los argumentos son claros: no existe una emergencia nacional que justifique saltar los procesos legislativos ordinarios, y la evidencia estadística desmiente que el delito adolescente sea un fenómeno en crecimiento.
El mito de la inseguridad juvenil: Los números hablan
Uno de los puntos más críticos del debate es la brecha entre la percepción mediática y la realidad estadística. Según el Informe Estadístico 2024 de la Justicia Nacional de Menores, solo el 0.01% de la población de niños, niñas y adolescentes en Argentina tuvo una intervención judicial por causas penales durante el último año.
Aún más revelador es que el delito juvenil ha mostrado una tendencia a la baja, con un descenso del 4.5% en 2025 según datos de la Corte Suprema de Justicia. «Se sigue difundiendo la falsedad de que cuando un adolescente comete un delito no pasa nada», reza el documento de la Mesa. Por el contrario, la actual Ley 22.278 otorga facultades tan amplias a los jueces que, en la práctica, los adolescentes hoy cuentan con menos garantías procesales que los adultos.
El Estado ausente: Ajuste en salud y aumento de la represión
El artículo que acompaña el formulario de firmas pone el foco en una contradicción sistémica: mientras el Gobierno Nacional reduce drásticamente los recursos destinados a la protección de la infancia, aumenta el presupuesto para las fuerzas de seguridad y el área de inteligencia.
- Salud y Niñez: El presupuesto destinado a la salud de la niñez se contrajo un 21% en términos reales en los primeros meses de 2025.
- Mortalidad Infantil: Por primera vez en décadas, se ha roto la tendencia histórica de descenso, registrándose una suba en la mortalidad infantil del 8.5% en 2024.
- Inversión Represiva: En contraste, se denuncian aumentos de hasta el 1800% en gastos reservados para seguridad y una «violencia institucional desatada» en barrios populares y protestas sociales, donde niños y niñas han sido víctimas de gases lacrimógenos y abusos policiales.
«La austeridad es selectiva: se reduce el presupuesto para garantizar derechos, pero no para invertir en el sistema represivo», denuncian las organizaciones firmantes.
Razones jurídicas y de política criminal
Desde el punto de vista legal, la Argentina se encuentra bajo la lupa de organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado al país (caso Mendoza vs. Argentina) por la aplicación de penas excesivas y torturas en lugares de encierro.
La baja de la edad de punibilidad vulnera dos principios fundamentales:
- Principio de Progresividad: El Estado no puede retroceder en los derechos ya adquiridos ni reducir los estándares de protección mínimos.
- Principio de Especialidad: La privación de la libertad debe ser la última instancia y solo para delitos excepcionalmente graves, algo que el proyecto actual ignora al proponer penas altas sin diferenciar edades.
Además, los expertos advierten que el ingreso temprano al sistema penal es un factor que aumenta la reincidencia en la vida adulta, en lugar de reducirla.
Las víctimas no necesitan «cortinas de humo»
El documento es enfático en aclarar que rechazar la baja de la edad penal no implica ignorar a las víctimas de delitos. Por el contrario, sostiene que los recursos deben orientarse a la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas) y a sistemas de protección que realmente prevengan el delito mediante la educación y la salud.
«A las víctimas el Estado les debe soluciones reales y no ‘cortinas de humo’. Bajar la edad no repara el daño, solo reproduce el ciclo de violencia», concluye la misiva.
¿Cómo adherir?
La Mesa de Articulación de Niñez, integrada por organismos como Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y la APDH, invita a todas las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos particulares a sumar su firma al documento que será presentado ante la Honorable Cámara de Diputados.
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Preguntas Frecuentes (y sus respuestas): No a la Baja
1. ¿Por qué se oponen a que los adolescentes sean responsables de sus actos?
No nos oponemos a la responsabilidad, sino a la criminalización temprana. Los adolescentes de 16 y 17 años ya son punibles bajo la Ley 22.278. Para los menores de esa edad, ya existen dispositivos de intervención y medidas de protección. Lo que rechazamos es que la respuesta del Estado sea únicamente el encierro penal, que ha demostrado ser una «escuela del delito» y no una solución para la seguridad.
2. ¿Qué pasa hoy cuando un chico menor de 16 años comete un delito? ¿Es verdad que «entran por una puerta y salen por la otra»?
Es un mito. Cuando un niño o adolescente menor de 16 años comete un delito, interviene el sistema de Protección Integral de Derechos. El Estado tiene la potestad de retirar al menor de su hogar si hay riesgo, internarlo en centros de tratamiento o imponer medidas de conducta. Si el joven «sale», suele ser porque el Estado falló en sus políticas de salud, educación o vivienda, no porque la ley sea laxa.
3. ¿Bajar la edad de punibilidad no ayudaría a reducir la inseguridad en las calles?
La estadística dice que no. Según datos de la Corte Suprema, el delito cometido por menores de 16 años representa menos del 0.5% del total de delitos graves en el país. Bajar la edad no afecta al 99.5% restante del problema. Países que han endurecido sus penas juveniles no han logrado bajar sus índices de criminalidad; por el contrario, han aumentado la reincidencia.
4. ¿Qué dice la ley internacional sobre esto?
Argentina tiene jerarquía constitucional en tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos tratados rigen bajo el Principio de No Regresividad: una vez que un país garantiza un derecho (como el umbral de punibilidad a los 16 años), no puede volver atrás. Bajar la edad expondría a la Argentina a sanciones internacionales y demandas ante la Corte Interamericana.
5. ¿No es injusto para las víctimas que el agresor no vaya a la cárcel por ser joven?
El dolor de las víctimas es legítimo y debe ser atendido. Sin embargo, el sistema penal actual no repara a la víctima, solo castiga. Nosotros proponemos fortalecer la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas y utilizar sistemas de justicia restaurativa donde el joven asuma la responsabilidad y repare el daño, algo mucho más efectivo para la paz social que el simple encierro.
6. ¿Por qué dicen que el debate es «oportunista» o una «cortina de humo»?
Porque se introduce en Sesiones Extraordinarias, sin el debate profundo que requiere una reforma de este tipo, y en un contexto donde se están recortando fondos para comedores escolares, salud pediátrica y programas de niñez. Es más barato para el Estado construir una celda que garantizar que un chico termine la escuela y tenga tres comidas al día.
7. ¿Qué pasa con las bandas criminales que «usan» a los chicos para delinquir?
Si un adulto utiliza a un niño para cometer un delito, el problema es el adulto y el crimen organizado. Bajar la edad de punibilidad es castigar doblemente al eslabón más débil y vulnerable (el niño captado). El foco de la seguridad debe estar en desarticular las redes de narcotráfico y captación, no en llenar las cárceles de niños víctimas de esas redes.
8. ¿Cuál es la propuesta de la Mesa de Articulación de Niñez?
Proponemos una Reforma Integral del Régimen Penal Juvenil que:
- Mantenga la edad en 16 años.
- Garantice los mismos derechos procesales que tienen los adultos (derecho a defensa real, debido proceso).
- Invierta el presupuesto en prevención, educación y salud.
- Fortalezca los sistemas de protección en los territorios para que ningún niño llegue a la instancia de cometer un delito.
