Polémica por la designación de un militar en Defensa: Presti ya no sería “general de todos los argentinos”
La reciente decisión del presidente Milei de nombrar al general Presti como ministro de Defensa desató una ola de críticas desde distintos sectores. Para muchos, significa un giro institucional de enorme profundidad: un militar al frente de una cartera estratégica, un cambio sin precedentes desde el retorno de la democracia. El exministro Agustín Rossi lo definió con crudeza: al asumir como ministro, Presti dejaría de representar “a todos los argentinos” para convertirse en funcionario de un gobierno partidario.
Rossi advirtió que la medida podría “militarizar la política y politizar a las Fuerzas Armadas”, rompiendo con décadas de tradición democrática que separaban lo militar del poder de gobierno. Sostuvo que la presencia de un militar activo en el Ejecutivo no solo es inédita, sino peligrosa: si el gobierno tiene éxito, dijo, el Ejército será reivindicado políticamente; si fracasa, el desgaste recaerá sobre la institución militar.
El nuevo esquema que propone Milei implicaría que el jefe del Ejército pase a una situación especial —sí queda en actividad, pero con funciones políticas—. Eso, para muchos, altera lo que hasta ahora se entendía como neutralidad institucional. La discusión no es solo simbólica: tiene posible impacto en la organización del poder, en la relación entre Estado y Fuerzas Armadas, y en los límites entre lo castrense y lo político en Argentina.
En medio de este debate, se impone una pregunta urgente: ¿qué significa para la democracia que las Fuerzas Armadas entren otra vez en el gabinete? El nombramiento de Presti pone en el centro de la escena esa cuestión, con advertencias sobre riesgos institucionales y sobre el arduo camino de recuperación de legitimidad que había construido la sociedad tras años de dictaduras.
