Prohibir para no resolver: la miopía social de concejales villamercedinos
Un análisis crítico a proyecto de ordenanza de Villa Mercedes: represión, desidia y ceguera social. Castiga la pobreza mientras ignora sus causas.
Escribe: Pablo Muract
En Villa Mercedes, prohibir es más fácil que resolver. El proyecto de Ordenanza contra «trapitos», «limpiavidrios» y artistas callejeros propone multas y represión, llegando al extremo de judicializar a menores si sus padres están haciendo malabarismos en un semáforo, sin ofrecer una sola alternativa de inclusión.
Once concejales, de los trece que conforman el cuerpo deliberativo, alineados con las políticas de ajuste de Provincia y Nación, castigan a los más vulnerables mientras ignoran que esos modelos políticos que hoy les obnubilan, agravan la pobreza que dicen combatir.
El proyecto no solo queda muy lejos de abordar las causas estructurales de la informalidad; la iniciativa además quiere convertir a los mercedinos en delatores. Y profundiza la exclusión.
Cuando se aborda un problema desde la ignorancia y la soberbia que el poder alimenta, el resultado es siempre el mismo: un fracaso rotundo e inevitable.
El proyecto de Ordenanza
En un intento por «ordenar» el espacio público, el Honorable Concejo Deliberante de Villa Mercedes (San Luis) ha presentado un proyecto de ordenanza —expediente Nº 22546-0/29— que busca prohibir de manera tajante las actividades informales en la vía pública, tales como los «cuidacoches» o «trapitos», «limpiavidrios» y «lavacoches», así como las expresiones artísticas y recreativas en intersecciones viales.
El texto forma parte del sumario que se tratará el martes 8 de abril, aunque es seguro que entonces solamente se le de ingreso para un tratamiento posterior en comisiones.
Firmado por los bloques Movimiento Unidad Provincial, Cambia San Luis y PRO San Luis, el texto propone sanciones económicas severas, intervención policial y judicial, e incluso la separación de menores de sus familias en caso de estar involucrados. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad vial y el libre tránsito, la iniciativa se presenta como una solución definitiva a un problema que, en realidad, es mucho más complejo y arraigado en las desigualdades socioeconómicas de la ciudad y del país.
Sin embargo, este proyecto no surge en el vacío. En línea con las dinámicas contemporáneas, es posible observar el despliegue de una agenda que podría estar basada en estudios de opinión pública. Estos estudios parecen captar un espíritu nocivamente egoísta que embarga a ciertos sectores de la sociedad, deseosos de «mano dura» contra cualquier manifestación de pobreza o informalidad en el espacio público. En un contexto de crisis económica y social, donde la empatía escasea y el «sálvese quien pueda» se impone, el Estado Municipal parece optar por una respuesta que criminaliza en lugar de incluir, reflejando y amplificando una intolerancia que lejos está de resolver los problemas estructurales de Villa Mercedes.
Un carácter represivo y punitivo desproporcionado
El núcleo del proyecto reside en su apuesta por la prohibición absoluta de actividades informales como los «cuidacoches», «limpiavidrios» y las expresiones artísticas en intersecciones viales, acompañada de sanciones económicas severas (200 a 500 unidades multa, duplicadas para reincidentes) y la intervención de la justicia contravencional. Este enfoque no distingue entre quienes ejercen estas actividades por necesidad y quienes podrían estar vinculados a redes extorsivas, sino que aplica una lógica de castigo indiscriminado. La seguridad vial, esgrimida como justificación, se convierte en un pretexto para criminalizar prácticas que, en muchos casos, son estrategias de supervivencia en un contexto de suma precariedad económica.
La ausencia de matices en la norma —que no diferencia entre un trapito que pide una colaboración voluntaria y una organización mafiosa— refleja una pereza intelectual que prefiere la solución fácil del garrote antes que el esfuerzo de comprender y abordar las complejidades del problema. En lugar de regular o formalizar estas actividades, como han intentado otras ciudades, Villa Mercedes opta por un modelo que convierte a los trabajadores informales en infractores, perpetuando su marginalidad en vez de integrarlos al tejido social.
La aberrante respuesta a la infancia: separación y judicialización
Uno de los aspectos más alarmantes del proyecto es el tratamiento de los menores involucrados en estas actividades. El Artículo 6° establece que, ante la participación de niños, niñas o adolescentes, se dará intervención inmediata a la Policía de la Provincia de San Luis para su «protección y resguardo». No convoca a una Secretaría de Niñez y Adolescencia, no recurre a un juzgado de familia, ni a una ONG de las tantas que intentan contener la descomposición del tejido social que hoy nos abruma. No se menciona la intervención de organismos de niñez, programas de apoyo familiar o estrategias de contención; en cambio, se delega a la policía una tarea que debería ser abordada desde políticas sociales integrales. Va directamente al órgano represivo del estado –la policía- y la presenta como una medida de cuidado, cuando es en realidad una aberración ética y social: implica separar a los menores de sus familias y judicializar su situación, trasladando un problema de vulnerabilidad socioeconómica al ámbito penal.
Lejos de proteger a la infancia, esta medida ignora el contexto en el que estos menores se encuentran -a menudo acompañando a padres o tutores en la búsqueda de sustento— y los expone a un sistema policial y judicial que, históricamente, ha demostrado poca sensibilidad hacia las infancias en situación de pobreza. Esta decisión no solo vulnera derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que agrava la estigmatización de las familias más pobres, tratándolas como amenazas en lugar de sujetos de derecho.
La ceguera ante la dimensión social del problema
El proyecto carece por completo de una perspectiva social que reconozca las causas estructurales de las actividades informales. Los «trapitos», «limpiavidrios» y artistas callejeros no surgen por capricho, sino como respuesta a la falta de empleo formal, la precarización laboral y la exclusión económica que afectan a amplios sectores de la población argentina. Sin embargo, el proyecto de ordenanza no ofrece ni una sola alternativa superadora: no hay propuestas de capacitación, cooperativas, microcréditos ni programas de inserción laboral. La prohibición aparece como un fin en sí mismo, como si bastara con borrar estas prácticas del paisaje urbano para resolver el problema.
Esta omisión es particularmente grave en un contexto de crisis económica nacional, donde la informalidad es un refugio para quienes no encuentran lugar en un mercado laboral cada vez más restringido. Al no contemplar la dimensión social, el proyecto condena a estas personas a una mayor precariedad, empujándolas a la clandestinidad o a otras formas de subsistencia aún más riesgosas, sin atacar las raíces del fenómeno que dice combatir.
La ciudadanía como delatora: un pacto de desconfianza
El Artículo 5°, que habilita el número 147 para denuncias anónimas, insta a los habitantes de Villa Mercedes a convertirse en vigilantes y delatores de sus propios vecinos. Esta medida no solo fomenta un clima de desconfianza y fragmentación social, sino que desnaturaliza el rol de la ciudadanía, transformándola en un engranaje de la maquinaria represiva estatal. El anonimato, lejos de ser una garantía de seguridad, puede derivar en abusos, venganzas personales o señalamientos infundados, especialmente contra los sectores más vulnerables.
En lugar de promover la solidaridad comunitaria o el diálogo entre vecinos, el proyecto apuesta por una lógica de control y sospecha que erosiona los lazos sociales. Es una invitación a mirar al otro no como un igual, sino como un potencial infractor, profundizando la polarización en una ciudad que debería buscar soluciones colectivas a sus desafíos.
La pereza intelectual de los concejales: ignorar experiencias solidarias
El texto revela una notable falta de creatividad y esfuerzo por parte de los once concejales firmantes. Otras ciudades argentinas han explorado enfoques más solidarios y comunitarios que podrían haber servido de inspiración. Mendoza, por ejemplo, combinó la prohibición de «trapitos» con programas de capacitación y empleo formal en el sistema de estacionamiento medido. Concordia propuso asistencia social para reinsertar a quienes dependen de la vía pública. Incluso La Plata vio nacer un sindicato que busca formalizar estas actividades desde la auto-organización. En contraste, Villa Mercedes opta por la vía más rudimentaria y menos reflexiva: prohibir y castigar, sin mirar más allá de sus narices.
Esta pereza intelectual no solo limita el impacto de la norma, sino que desperdicia la oportunidad de aprender de experiencias exitosas que equilibran el orden público con la inclusión social. Los concejales parecen haber preferido una solución cosmética, que limpia las calles a la vista pero ensucia las vidas de quienes las habitan.
La hipocresía política: aliados del empobrecimiento
Finalmente, no puede pasarse por alto el contexto político en el que se inscribe este proyecto. Los bloques firmantes —aliados del gobernador Claudio Poggi y del presidente Javier Milei— forman parte de una coalición que impulsa políticas económicas de ajuste, desregulación y reducción del gasto público, medidas que han profundizado la pobreza y la desigualdad en Argentina. Según el INDEC, la pobreza alcanzó el 52,9% en el primer semestre de 2024 con 18,1% de indigencia. Desde entonces los números oficiales indican que esos valores se están reduciendo; no obstante hay serias dudas sobre la verosimilitud de las mediciones que parecen no reflejar lo que la mayoría de los ciudadanos vemos a diario en las calles y en las góndolas de supermercados. En cualquier caso, la informalidad laboral sigue siendo un sostén para millones de personas excluidas del sistema.
Resulta hipócrita que estos concejales pretendan penalizar las actividades informales como si fueran un problema aislado, cuando son una consecuencia directa de las políticas de empobrecimiento que sus socios políticos defienden. Prohibir a los «trapitos» o «limpiavidrios», artistas callejeros y vendedores ambulantes, sin ofrecer alternativas es castigar a las víctimas de un modelo económico que ellos mismos sostienen. La relación entre la precariedad que genera el mileísmo y las prácticas que esta ordenanza reprime es innegable, pero el proyecto la ignora, evidenciando una ceguera deliberada o una conveniencia política.
Conclusión: una ordenanza que reprime en lugar de resolver
Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ordenanza no es una solución, sino un síntoma de una mirada ideológica, política y social que prefiere la represión a la empatía, el castigo a la inclusión y la superficialidad a la profundidad.
Su carácter punitivo, su trato aberrante hacia la infancia, su desdén por las causas sociales, su apuesta por la delación y su falta de visión innovadora lo convierten en un proyecto –que esperamos no llegue a ser norma- regresivo y miope. Lejos de ordenar el espacio público, perpetúa la exclusión de los más vulnerables y exime a los concejales de la responsabilidad de construir una ciudad más justa.
En un país donde la informalidad es un reflejo de desigualdades estructurales, Villa Mercedes puede optar por un camino de diálogo, contención y creatividad. En cambio, con propuestas de este tipo, elige el garrote y la indiferencia, alineándose con un modelo político que empobrece a la sociedad mientras castiga sus consecuencias.
Este proyecto no solo fracasa en resolver el problema de las actividades informales; lo agrava, dejando tras de sí un legado de represión y desamparo.
