SanCor enfrenta su hora más difícil: pedido de quiebra y lucha por los puestos de trabajo
La histórica cooperativa láctea SanCor atraviesa la peor crisis de su historia y los trabajadores tomaron una decisión inédita: pedirán la quiebra de la empresa ante la Justicia. La medida, adoptada por unanimidad en una asamblea extraordinaria, no busca el cierre definitivo, sino garantizar la continuidad de la producción y preservar los puestos de trabajo.
La situación es crítica. Los empleados denuncian la falta de pago de salarios desde abril, junto con el aguinaldo del primer semestre y los aportes a la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y el gremio ATILRA. En total, la deuda por haberes y contribuciones supera los 14 mil millones de pesos.
A este panorama se suma una deuda histórica preconcursal que incluye 1.860 créditos laborales, reconocidos por la propia cooperativa, y que asciende a 69 mil millones de pesos. Pese a las más de 2.500 intimaciones de pago enviadas, la empresa no respondió a los reclamos de los trabajadores ni a los presentados por las entidades gremiales.
“Estamos frente a incumplimientos reiterados, permanentes y generalizados”, expresaron los trabajadores, al señalar que las obligaciones impagas afectan no solo al salario, sino también a la cobertura de salud de miles de familias. Por eso, resolvieron impulsar el pedido de quiebra con continuidad de la explotación: una figura legal que permitiría mantener en funcionamiento los establecimientos fabriles mientras se preservan las fuentes laborales.
El Consejo Directivo Nacional de ATILRA respaldó la medida y anunció que impulsará gestiones para la llegada de inversores que aseguren la continuidad de la producción. “Es una decisión dolorosa, pero necesaria para proteger el derecho al trabajo y evitar la desaparición de una de las cooperativas lácteas más emblemáticas del país”, sostuvo el gremio.
Con el pedido de quiebra en marcha, el futuro de SanCor queda ahora en manos de la Justicia, que deberá encontrar una salida a este laberinto financiero sin que ello implique la pérdida de más derechos ni empleos.
