La Subsecretaria de Hidrocarburos y Combustibles, Maggie Videla, y el asesor presidencial Ariel Kogan se reunieron con las comercializadoras de gas natural, que detallaron el alto grado de renovación de los contratos de suministros con los clientes industriales, lo que asegura la disponibilidad del abastecimiento.

Fuentes oficiales explicaron que en una reunión virtual, la Secretaría de Energía junto con 48 representantes de comercializadoras de gas que operan con clientes industriales y grandes usuarios de todo el país se repasó la actualidad del sector, a días del vencimiento anual de contratos del 1 de mayo.

En el encuentro, Kogan afirmó que “este año habrá sin dudas mayor volumen de gas para la industria" al destacar en primera instancia que "las empresas productoras arrancarán en mayo con producción e inyección máxima comprometida con Plan Gas.Ar", lo que el año pasado, recién ocurrió en julio.

De esta manera, como lo prevé el plan vigente, el 30% de esa producción debe estar disponible para la industria, es decir, que si hay más volumen Plan Gas.Ar y hay directamente más gas para el sector productivo contractualizado.

Kogan también explicó que "la producción total de gas del país no para de crecer mes a mes", y que la ultima ronda del Plan Gas.Ar sumo 3 millones de m3 día, a partir de este invierno, volumen que el año pasado no existió, y que termina de saturar los gasoductos desde Neuquén.

Por su parte, los empresarios comercializadores que intervinieron durante la reunión enfatizaron que, hasta marzo pasado, renovaron los contratos de la totalidad sus clientes habituales para la campaña 22/23.

En el contexto internacional que ya se venía advirtiendo, incluso previo a la guerra en Ucrania, el proceso de contractualización comenzó a desarrollarse en diciembre del año pasado, con mínimas excepciones caracterizadas por la decisión de esos clientes de esperar hasta último momento.

Videla, explicó que la Secretaría de Energía estaba manteniendo encuentros directos con industriales, autoridades provinciales, organizaciones empresariales y, en este caso, comercializadoras, como herramienta para analizar la situación del sector con sus actores directos, y luego tomar las decisiones que sean necesarias.

Por su parte, se destacó durante la charla que las empresas productoras vienen cumpliendo sobradamente con sus compromisos con Plan Gas.Ar, y sus declaraciones juradas de proyección de su producción para el presente año, superan lo verificado en 2021.

Kogan, al respecto, explicó que “las productoras informaron también que fueron cerrando contratos para esta temporada desde fin del año pasado con la inmensa mayoría de sus clientes, con precios para el millón de BTU que van desde los US$ 3,51 hasta US$ 4,90, con máximos de US$ 5,50, en contadas excepciones.”

Finalmente, las mismas fuentes indicaron que los comercializadores avalaron en sus intervenciones esos precios, como los adoptados en sus operaciones de compraventa para un 97% aproximadamente de sus clientes ya contractualizados.

Particularizando el análisis sobre el pequeño segmento de clientes aún no contractualizado, expresaron también que básicamente corresponden al norte del país, y que fuera de ellos, solo en esos casos marginales, por pequeños volúmenes, en esta parte final del proceso de contrataciones en los últimos días, se generó una urgencia por cerrar contratos, y aparecieron entonces precios bastante más altos.

El presidente brindó una clase sobre Derecho Penal en la Universidad de José C. Paz, acompañado del intendente local, Mario Ishii.

El presidente Alberto Fernández manifestó este miércoles que la oposición "quiere hacer creer" que en 2023, cuando se realicen las elecciones presidenciales, el oficialismo "está perdido". 

"Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender, por lo tanto necesito que todos y cada uno de ustedes estén convencidos", señaló el mandatario al encabezar una clase en la Universidad de José C. Paz.

Y apuntó: "A los que quieren hacerles creer que para el 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!."

Acompañado por el intendente local Mario Ishii, el Jefe de Estado dio una clase de "Derecho Penal General y Especial" en dicha casa de estudios, inaugurada en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

"Hoy di una clase en la querida Universidad Nacional de José C Paz. Feliz de conocer a las y los estudiantes de la materia Derecho Penal General y Especial. Agradezco a cada uno de ellos. Su compromiso reafirma mi vocación por la educación pública", publicó Fernández en Twitter. 

La sentencia no agota las opciones legales del fundador de Wikileaks para evitar la extradición: sus abogados pueden presentar objeciones al ministerio del Interior y también apelar ante el Tribunal Superior.

Un juez británico aprobó formalmente este miércoles la extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje.

El caso queda ahora en manos de la ministra del Interior británica para que tome una decisión, y el fundador de WikiLeaks todavía tiene vías legales para apelar.

La orden se produce después de que la Corte Suprema del Reino Unido negara el mes pasado a Assange el permiso para apelar contra el fallo de un tribunal inferior de que podía ser extraditado.

Un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster emitió la orden este miércoles en una breve audiencia, informó la cadena de noticias BBC. La ministra del Interior, Priti Patel, decidirá si concede la extradición.

La medida no agota las opciones legales para Assange, quien ha buscado durante años evitar un juicio en Estados Unidos por cargos relacionados con la publicación de WikiLeaks de gran cantidad de documentos clasificados hace más de una década.

Sus abogados tienen cuatro semanas para presentar objeciones a Patel y también pueden apelar ante el Tribunal Superior.

Es la primera vez que el ataque sistemático contra ese colectivo es tenido en cuenta dentro del accionar del terrorismo de Estado. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó también a una decena de civiles, militares y policías retirados.

El represor Miguel Osvaldo Etchecolatz junto a una decena de civiles, militares y policías retirados fueron procesados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico militar.

La decisión la tomó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en el marco de una serie de procesamientos que involucraron más de un centenar de víctimas en las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense.

Es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans es tenido en cuenta dentro del accionar del terrorismo de Estado.

Se espera que los hechos sean tratados en el juicio oral que se desarrolla desde hace más de dos años sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en aquellos escenarios del horror.

En el Pozo de Banfield “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar”, escribió Kreplak en uno de los tres autos de procesamiento que emitió en las causas que investigan los crímenes de “las brigadas”, como suele identificarse a los campos de concentración que funcionaron en la ex División Delitos Contra la Propiedad y Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Brigadas de Investigaciones de la bonaerense en Quilmes y Lanús.

Las resoluciones de Kreplak atienden y acompañan a un trabajo conjunto de la Fiscalía federal, las querellas que representan a sobrevivientes, familiares de víctimas y al Estado, al que se sumó personal del Juzgado de Instrucción Federal 3 de La Plata, que tuvo como objetivo completar el mapa de violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos tres centros clandestinos:
casos que habían quedado incompletos y, por lo tanto, no habían podido ser incorporados al juicio que se está desarrollando.

“Incorporamos casos nuevos, sumamos responsabilidades a casos que ya integraban la causa y sumamos a un imputado. La idea es tratar todo esto en el actual debate para no tener que hacer otro más adelante”, apuntó Ana Oberlin, auxiliar fiscal que trabajó en los expedientes.

A partir de un trabajo encabezado por Oberlin se logró hallar a las siete víctimas para que contaran su historia en el marco del expediente que hoy las considera víctimas de delitos de lesa humanidad. Muchas de ellas viven en el exilio, al que acudieron en calidad de refugiadas tras secuestros, torturas y abusos.

A través de sus relatos, el Juzgado Federal de Kreplak pudo saber que fueron secuestradas en situación de prostitución, golpeadas y trasladadas al centro clandestino que funcionó a pocos kilómetros de Puente La Noria, en la localidad de Banfield. Entonces, todas eran muy jóvenes –algunas adolescentes–.

Al llegar al centro clandestino las “tiraron como animales, con hambre, frío, maltrato, corte de pelo, violadas, tratadas malísimamente”, relató una de ellas. Recordaron maltratos físicos, insultos sobre su identidad de género, sometimiento a la servidumbre, abusos sexuales –eran obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o abrigo–.

“Tales crímenes no resultan aislados sino que se enmarcan en un contexto de discriminación histórica y estructural, ahondada por las acciones desplegadas durante el terrorismo de Estado”, remarcó Kreplak en el documento en el que consideró responsables de esos hechos a nueve de los 14 represores procesados por los hechos del Pozo de Banfield.

El magistrado consideró que “el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (...) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época” de la última dictadura.

Hasta ahora, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad travesti trans en la lista de víctimas querellantes que llegaron a juicio: el de Valeria del Mar Ramírez.

En el país, no hay otros que hayan llegado a juicio y son poquísimos los que integran un expediente judicial de lesa humanidad. Ninguno, a excepción del de Ramírez, cuenta con personas procesadas por esos hechos.

En este caso, Kreplak responsabilizó, con diversos grados de participación y responsabilidad, a Jaime Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo por los secuestros, las torturas y los vejámenes de Valeria y las otras siete víctimas recientemente incorporadas.

“Lo que sucede aquí sienta precendente no solo en el país, sino en la región ya que se toma un grupo de casos y se considera que el colectivo travesti y trans fue objetivo de la violencia sistemática del terrorismo de Estado”, remarcó Oberlin. Así, “Argentina vuelve a ser pionera” en materia de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos.

Por último, la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal para juicios por crímenes de lesa humanidad destacó que este procesamiento “puede servir de mensaje para quienes no prestaron testimonio todavía, para que vean que hay una respuesta de parte de la Justicia”.

Es que muchos integrantes del colectivo travesti y trans “descreen de la Justicia, una de las instituciones que las violentó y las continúan violentando. Entonces este procesamiento ubica las cosas en su lugar: el Poder Judicial las escucha y se pone a investigar”, subrayó.