El Gobierno profundiza su ofensiva judicial contra exfuncionarios de Alberto Rodríguez Saá
La jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, citó a declarar indagatoria a varios exfuncionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, en el marco de una causa que investiga el presunto anticipo irregular de fondos para refaccionar dependencias policiales que nunca fueron ejecutadas.
Entre los acusados figuran los exintendentes de Cortaderas, Mario Canali, y de San Francisco del Monte de Oro, Jeremías Vivas; los exministros de Seguridad, Luciano Anastasi y Claudio Latini; y el actual intendente de La Toma —en uso de licencia y hoy diputado nacional—.
La denuncia y las acusaciones
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en marzo de 2024 por la actual ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, quien afirmó que al asumir el cargo detectó contratos para reacondicionar destacamentos y sectores policiales.
Según la funcionaria, los intendentes beneficiados recibieron anticipos que superaban el 30% del presupuesto de obra, pero los trabajos nunca se concretaron.
Los exfuncionarios serán imputados por fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Inspecciones y falta de rendición de cuentas
“Debían llevar adelante las obras y no lo hicieron. Las inspecciones judiciales confirmaron que en La Toma, Cortaderas y San Francisco del Monte de Oro no se realizó ninguna mejora. El dinero salió del Ejecutivo, pero no hubo rendición de cuentas ni avances en los trabajos”, aseguró el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.
