Las cifras que estremecen a San Luis: 6 de cada 10 víctimas de abuso sexual infantil tienen menos de 10 años y conocen a su agresor
Entre diciembre y junio, el 63,3 % de los casos relevados en la provincia involucró un vínculo familiar directo con el abusador. La mayoría de las víctimas eran niñas, muchas de ellas con discapacidad.
El abuso sexual infantil sigue siendo una de las formas más invisibilizadas, dolorosas y difíciles de abordar en el sistema judicial. En San Luis, los datos del Departamento Cámara Gesell del Poder Judicial revelan una verdad estremecedora: el 63,3 % de las víctimas abusadas entre diciembre de 2024 y junio de 2025 tenían una relación familiar con su agresor, y seis de cada diez no habían cumplido los diez años al momento del hecho.
La mayoría de las víctimas son niñas, y un preocupante 13 % de los casos involucró a menores con discapacidad, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad. La edad promedio de las víctimas al momento del abuso fue de 9 años y medio, pero muchas recién pudieron relatar lo sucedido cerca de los 11 años, cuando los casos ya habían llegado a la justicia. Esa demora, explican los especialistas, da cuenta del profundo impacto emocional y psicológico que deja este tipo de violencia.
Un entorno seguro para una verdad dolorosa
El abordaje judicial de estos hechos requiere dispositivos que protejan a los niños y niñas, tanto como permitan avanzar en la causa. En San Luis, esto se realiza mediante la Cámara Gesell, una sala acondicionada donde un psicólogo forense entrevista a la víctima mientras jueces y fiscales observan sin contacto directo. Toda la declaración queda grabada en video, evitando que la víctima tenga que repetir el testimonio en distintas instancias, lo que reduce el riesgo de revictimización.
Para los casos en que las víctimas son preescolares o tienen una discapacidad intelectual, se utiliza el CAPALIST, una técnica psicológica que evalúa si el menor está en condiciones de declarar. Si el resultado es negativo, se informa a la Fiscalía y se evita la exposición innecesaria del niño o niña, detalló Marisa Samper, coordinadora provincial del dispositivo.
La Justicia como herramienta de prueba, pero también de reparación
“La idea no es solo que el niño hable, sino que pueda hacerlo con el menor sufrimiento psíquico posible, comprendiendo lo que vivió”, explicó Samper. Este enfoque parte de una premisa clave: las infancias son sujetos de derecho, no objetos de prueba. Esperar que declaren cuando aún están atravesando el trauma, advierte, “no solo es injusto, sino contraproducente”.
El proceso judicial, si bien doloroso, puede ser también un espacio para empezar a reparar. Una sentencia clara, o incluso la admisión del hecho por parte del acusado en un juicio abreviado, puede tener un impacto simbólico y sanador. “Muchas veces lo más traumático no es el hecho en sí, sino el silencio, la culpa. Que el abusador se responsabilice ayuda a sanar”, concluyó Samper.
