Alejandro Cacace, el funcionario de la motosierra con cinco sueldos públicos
El puntano Alejandro Cacace, flamante Secretario de Desregulación del gobierno de Javier Milei, enfrenta denuncias por cobrar como docente de la UNSL mientras ocupaba cargos nacionales. El caso expone una fuerte contradicción: quien predica el achique del Estado es acusado de multiplicar sus propios empleos dentro de él.
Un ascenso en plena cruzada contra el Estado
El 1° de septiembre de 2025, el abogado puntano Alejandro Cacace fue designado Secretario de Desregulación por el Decreto 644/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, lo colocó al frente del área encargada de “reducir regulaciones, estructuras y gasto público”.
Hasta entonces, Cacace se desempeñaba como Subsecretario de Reformas Estructurales en el mismo ministerio, desde donde defendió la política de ajuste asegurando que “la motosierra ya generó un ahorro de 2.000 millones de dólares”, según Infobae.
El ascenso coincidió con el inicio de una polémica en su provincia natal, que pone bajo la lupa su vínculo con el Estado en diferentes niveles.
La denuncia en la UNSL: cobros e incompatibilidades
El 23 de septiembre de 2025, El Diario de la República publicó la denuncia presentada por la docente Gabriela Ricart ante la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Según el escrito, Cacace habría continuado cobrando su salario como profesor de Derecho Constitucional entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, pese a desempeñar cargos ejecutivos nacionales.
La presentación cita la Ordenanza C.S. N° 30/08, que prohíbe la percepción simultánea de sueldos docentes y cargos políticos nacionales. “Es una situación que contradice la normativa universitaria y afecta el principio de igualdad entre docentes”, argumentó Ricart en el documento.
Firma de actas sin presencia: una acusación más grave
Pocos días después, el portal Calle Angosta y el sitio El Mosquito Puntano difundieron una segunda denuncia, esta vez impulsada por la agrupación Juventud Universitaria Peronista (JUP). El documento sostiene que Cacace habría firmado actas de exámenes finales el 28 de junio de 2025 sin estar presente en la mesa evaluadora.
La agrupación solicitó al Consejo Directivo de la FCEJS la apertura de un sumario interno. Hasta el momento, la UNSL no informó oficialmente si existe una investigación en curso.
La versión de Cacace: “Tengo un cargo simple y pedí licencia”
En declaraciones al medio Edición Abierta, Cacace rechazó las acusaciones:
“Siempre tuve un cargo simple y no es incompatible. Di clases online y, cuando asumí como secretario, pedí licencia. Las denuncias vienen de personas que perdieron un concurso en el que fui jurado.”
El funcionario aseguró que es docente por concurso desde hace más de diez años y que nunca incurrió en irregularidades. Sin embargo, hasta el momento no presentó documentación que pruebe el pedido de licencia ni su aprobación por parte de la UNSL.
Cinco empleos en el Estado: el espejo del doble discurso
Según distintos informes periodísticos, Cacace habría mantenido vínculos simultáneos con hasta cinco dependencias públicas:
- Secretaría de Desregulación (Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado)
- Subsecretaría de Reformas Estructurales
- Docencia en la Universidad Nacional de San Luis
- Asesoría ad honorem en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe)
- Cargo previo en la Cámara de Diputados (hasta diciembre de 2023)
Aunque no hay constancia oficial de todos esos cobros, el caso genera una fuerte contradicción: mientras el gobierno sostiene que “el Estado es una máquina de gastar”, uno de sus principales funcionarios parece haberlo convertido en su fuente múltiple de ingresos.
Una paradoja política en clave puntana
La controversia tiene una resonancia especial en San Luis, donde Cacace desarrolló su carrera como dirigente radical, diputado provincial y luego diputado nacional por Juntos por el Cambio. Hoy, como aliado político de Javier Milei, su caso golpea de lleno en la provincia que lo vio formarse en la universidad pública.
En un contexto de despidos estatales y recortes en la educación superior, la imagen de un funcionario puntano que acumula cargos públicos mientras predica la motosierra resulta, cuanto menos, paradójica.
Qué se sabe y qué falta aclarar
Confirmado oficialmente
- Decreto 644/2025: designación como Secretario de Desregulación.
- Antecedente: subsecretario de Reformas Estructurales.
- Cargo docente en la UNSL, por concurso, con dedicación simple.
- Denuncias formales presentadas y publicadas en medios locales.
Sin confirmar o en disputa
- Existencia de sumario interno o suspensión de pagos en la UNSL.
- Pruebas documentales sobre la firma de actas sin presencia.
- Confirmación de cobros simultáneos de múltiples organismos.
El espejo del ajuste
La figura de Cacace sintetiza una contradicción que atraviesa al propio gobierno. Mientras el presidente Milei repite que “no hay plata” y Sturzenegger busca desregular al Estado, su secretario estrella enfrenta denuncias por haberlo multiplicado en su beneficio.
Hasta que la UNSL o el Ministerio de Desregulación publiquen información clara, la motosierra seguirá apuntando hacia afuera, pero no hacia adentro.
Cacace, el funcionario que denuncia al Estado mientras cobra de cinco
El caso del economista puntano Alejandro Cacace volvió a generar revuelo en las últimas horas, luego de que se conociera que ocupa cinco cargos públicos en simultáneo, todos con remuneración estatal. La controversia se agrava por el contraste entre su rol dentro del Gobierno nacional de Javier Milei, abiertamente crítico del empleo público, y su condición de beneficiario múltiple del mismo Estado al que denuncia como “sobredimensionado”.
Cacace, exdiputado radical y actual funcionario de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que encabeza Federico Sturzenegger, figura además como docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), asesor legislativo, coordinador académico y miembro de distintos equipos técnicos. Todos estos cargos —según se desprende de registros oficiales y del propio legajo universitario— son remunerados con fondos públicos.
La situación fue revelada por el programa Duro de Callar, conducido por el periodista Tomás Méndez, quien difundió un informe televisivo y documentación respaldatoria. En el video, Méndez exhibe los vínculos laborales de Cacace con diversos organismos estatales, subrayando la contradicción entre su discurso de austeridad y su múltiple dependencia del Estado.
Desde el entorno del funcionario no hubo aclaraciones públicas. Sin embargo, la noticia generó fuerte repercusión en San Luis, donde Cacace construyó su carrera política dentro del radicalismo y la coalición Juntos por el Cambio. En redes sociales, usuarios y referentes locales señalaron la doble vara moral del mileísmo, que promueve despidos masivos de empleados públicos mientras sostiene a dirigentes con múltiples designaciones.
El caso se enmarca en un contexto de creciente malestar dentro del sistema universitario, que en los últimos meses sufrió recortes presupuestarios, congelamiento de salarios y cuestionamientos por parte del propio presidente. Paradójicamente, uno de los funcionarios encargados de “achicar el Estado” mantiene su estabilidad académica y salarial dentro de una universidad pública.
Más allá del impacto mediático, el episodio plantea una pregunta de fondo: ¿cómo puede liderar un proceso de desregulación alguien que multiplica sus ingresos estatales? En San Luis, el tema reaviva un viejo debate sobre la coherencia ética de los dirigentes locales que emigran a la estructura nacional sin renunciar a sus beneficios provinciales o académicos
Fuentes: Boletín Oficial | El Diario de la República | Calle Angosta | El Mosquito Puntano | Edición Abierta | Infobae
